El Gobierno británico anunció este lunes un endurecimiento de las normas sobre donaciones políticas procedentes del exterior, que obligará a los candidatos a declarar las contribuciones superiores a 2.230 libras recibidas antes de oficializar su candidatura y a demostrar el origen legítimo de esos fondos. La reforma, que también impone un año de residencia permanente en el país para que los nuevos residentes puedan donar más de 100.000 libras, responde a una revisión oficial —la Rycroft Review— que identificó intentos persistentes de Rusia, China e Irán por influir y socavar la democracia británica.

Desde la óptica del Ejecutivo de Londres, las medidas constituyen una acción de vanguardia mundial para proteger la integridad electoral. El ministro de Vivienda, Steve Reed, afirmó que “la democracia británica no está en venta” y que las nuevas reglas cerrarán las vías de financiación opaca. El Partido Reform UK, liderado por Nigel Farage y primero en los sondeos desde hace más de un año, rechaza cualquier irregularidad en la donación de cinco millones de libras que recibió su líder de un inversor en criptomonedas residente en Tailandia, justo antes de que Farage anunciara su candidatura parlamentaria. La comisión electoral británica investiga el caso, mientras el propio Farage ha sido remitido al órgano de control de estándares parlamentarios por no declarar otros beneficios.

Las implicaciones normativas son significativas. A partir de ahora, las donaciones empresariales se evaluarán según los beneficios netos tras impuestos de los últimos cinco años, y no según los ingresos brutos, con el fin de garantizar que solo compañías con vínculos genuinos con el Reino Unido puedan realizar aportaciones relevantes. Además, se mantiene la prohibición de donaciones en criptomonedas hasta que se establezca un sistema de regulación eficaz. Para formaciones como Reform UK, que el año pasado obtuvo dos tercios de su financiación del mismo donante ahora bajo escrutinio, el nuevo marco podría alterar sus estrategias de recaudación.

El contexto de estas medidas se remonta al encarcelamiento de un ex político de Reform UK por aceptar sobornos a cambio de discursos y declaraciones favorables a Rusia, lo que llevó al Gobierno a encargar la revisión sobre injerencia financiera extranjera. Las reglas anunciadas este lunes se suman a las de marzo pasado, que ya limitaban a 100.000 libras anuales las donaciones de británicos residentes en el extranjero. Analistas en Bruselas observan que el Reino Unido se alinea con una tendencia europea de blindaje de los procesos electorales frente a la manipulación externa, mientras que en América Latina, donde varios países han debatido la transparencia del financiamiento político, las medidas son seguidas como un posible referente. El expediente legislativo continuará con la incorporación de todas las recomendaciones pendientes de la Rycroft Review a la ley electoral británica, en un calendario que el Gobierno aún no ha precisado.