La emisión de una fatwa por parte del seminario Jamia Darul Uloom Karachi, encabezada por el mufti Muhammad Taqi Usmani, declarando que las criptomonedas no constituyen riqueza legítima bajo la ley islámica, desencadenó ventas masivas entre inversores minoristas en Pakistán, India y los Emiratos Árabes Unidos. El dictamen, que califica de ilícitas (haram) todas las transacciones con bitcoin, ether, stablecoins y demás tokens digitales, provocó una liquidación inmediata de carteras, aunque el mercado internacional de criptoactivos permaneció estable. La fatwa, aunque no es jurídicamente vinculante, posee un enorme peso moral y social dada la autoridad de Usmani en las finanzas islámicas globales.

La fundamentación teológica, detallada por fuentes religiosas del sur de Asia, sostiene que los criptoactivos carecen de valor intrínseco, no cuentan con respaldo estatal y están plagados de incertidumbre excesiva (gharar) y especulación equiparable al juego de azar (maysir), elementos prohibidos por la sharía. El dictamen va más allá de la mera prohibición de comerciar: establece que cualquier bien adquirido con criptomonedas —desde un libro hasta un curso en línea— no transfiere propiedad legítima, obligando a devolver el artículo y repetir la compra con moneda fiduciaria. Esta rigurosidad ha encendido el debate entre los más de 20 millones de paquistaníes que, según estimaciones oficiales, participan en actividades con criptoactivos.

En Islamabad, el presidente de la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Pakistán (PVARA), Bilal bin Saqib, solicitó al seminario que distinga entre tokens puramente especulativos y aquellos instrumentos digitales respaldados por activos tangibles, como los bonos islámicos (sukuk) registrados en blockchain, los tokens de oro o las stablecoins con reservas plenas. La petición se produce en un momento delicado: el gobierno paquistaní ha acelerado la creación de un marco regulador, ha explorado la tokenización de activos estatales y ha tejido lazos con World Liberty Financial, la empresa de criptoactivos de la familia Trump, para usar su stablecoin USD1 en pagos transfronterizos. Analistas en Karachi advierten que, si bien los volúmenes de comercio no han caído, el edicto podría frenar la adopción más allá de los círculos urbanos y obstaculizar la integración bancaria del sector.

Mientras Pakistán dirime esta tensión entre regulación e interpretación religiosa, otros polos financieros avanzan en sentido contrario. En Dubái, la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales (VARA) concedió una aprobación preliminar a Revolut para ofrecer servicios de corretaje, gestión e intercambio de criptoactivos a sus 75 millones de clientes, reforzando la estrategia emiratí de erigirse como centro regulado de activos digitales. En Tokio, el parlamento japonés aprobó una reforma legal que somete los criptoactivos a la ley de instrumentos financieros, elevando las penas por operar sin registro hasta diez años de prisión e incorporando normas contra el uso de información privilegiada. El siguiente hito fáctico será el resultado de las conversaciones entre la PVARA y los eruditos islámicos para diseñar un marco de licencias que distinga categorías de activos digitales, un proceso del que depende la consolidación de Pakistán como referente de las finanzas digitales compatibles con la sharía.