Un juez federal del Distrito Norte de California, P. Casey Pitts, emitió el martes una orden judicial de alcance nacional que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos de migrantes dentro de los tribunales de inmigración. La sentencia también invalida la extensión del plazo de detención en celdas de corta estancia de 12 a 72 horas, restableciendo el límite anterior. La decisión, contenida en un fallo de 71 páginas, responde a una demanda presentada por organizaciones de derechos civiles como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).

Según el texto del fallo, el magistrado Pitts —designado por el expresidente Joe Biden— determinó que las políticas implementadas por el ICE y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) en 2025 violaron la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946, al no ofrecer “explicaciones razonadas” para el cambio de criterio. El juez subrayó que las agencias no evaluaron el “efecto disuasivo” que la presencia de agentes en los pasillos judiciales generaba sobre la asistencia a las audiencias, un fenómeno que, según testimonios recogidos en el litigio, multiplicó las detenciones en el área de San Francisco de casos esporádicos a casi 50 por semana. Desde la óptica del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), su asesor jurídico general, James Percival, calificó el fallo como “activismo judicial desnudo al servicio de una agenda antiamericana y de fronteras abiertas”, y defendió que, si un juez ordena la expulsión de un extranjero, la detención debería producirse de inmediato.

La orden de Pitts extiende a todo el territorio estadounidense una protección que hasta ahora solo existía en el área de responsabilidad de ICE en San Francisco —donde el mismo juez había bloqueado los arrestos en diciembre de 2025— y en tres edificios judiciales de Manhattan por un fallo separado de mayo. La práctica de detener a migrantes en los tribunales se generalizó tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, cuando el gobierno comenzó a desestimar casos para que agentes de paisano arrestaran a las personas en los pasillos, en coordinación con abogados del DHS. Analistas en América Latina han seguido el caso con atención, ya que la medida afecta directamente a ciudadanos de la región que enfrentan procedimientos de deportación y que, según organizaciones de defensa de migrantes, veían vulnerado su derecho a un debido proceso por el temor a ser detenidos al acudir a las citas judiciales.

El fallo no es definitivo: la administración Trump puede apelar ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, y el propio juez dejó abierta la posibilidad de que el ICE y el Departamento de Justicia diseñen una nueva política de arrestos en cortes, siempre que la respalden con una justificación que cumpla con los requisitos de la Ley de Procedimiento Administrativo. Mientras tanto, la orden judicial deja sin efecto las directivas vigentes desde 2025, y abogados de inmigración en distintas ciudades recomiendan a los migrantes consultar con sus representantes legales antes de presentarse a una audiencia. El caso, identificado como Pablo Sequen v. Albarran, se inscribe en una serie de litigios que cuestionan la legalidad de las tácticas de control migratorio de la actual administración, y se espera que la posible apelación mantenga el debate judicial durante los próximos meses.