Jordania puso fin a una pausa de ocho años en la aplicación de la pena de muerte con la ejecución en la horca de seis reos en la madrugada del domingo, según confirmó el portavoz gubernamental Mohammad Momani. Los condenados fueron sentenciados por causas de terrorismo y delitos vinculados al narcotráfico que, entre 2014 y 2022, provocaron la muerte de al menos diez miembros de las fuerzas de seguridad y del ejército. Horas después del ajusticiamiento, el primer ministro Jafar Hassan anunció que el Ejecutivo impulsará una reforma legal para extender la pena capital a los grandes traficantes y contrabandistas de drogas que operan con redes criminales transnacionales, lo que marca un giro punitivo en la política criminal del reino.

Según detalló Momani, dos de los ejecutados integraban la denominada «célula de Salt», vinculada al grupo Estado Islámico, que en 2018 se enfrentó a las fuerzas de seguridad en un operativo que dejó seis agentes fallecidos. Un tercer condenado fue hallado culpable del asesinato de un oficial de alto rango durante las protestas por el alza de los combustibles en 2022. Los restantes tres eran traficantes de estupefacientes que resistieron a las autoridades en distintas redadas y causaron la muerte de tres efectivos entre 2014 y 2018. El portavoz oficial subrayó que la aplicación de las sentencias —supervisada por la fiscalía del Tribunal de Seguridad del Estado— representa «un mensaje claro y continuo para quien ose agredir a los miembros de las fuerzas armadas y los aparatos de seguridad».

Desde la óptica de organizaciones de derechos humanos con sede en Ginebra, la reanudación de las ejecuciones y el anuncio de una posible ampliación despiertan preocupación por el retroceso que suponen respecto a la tendencia abolicionista consolidada en el derecho internacional. En Bruselas, la medida se interpreta como un distanciamiento de los estándares que la Unión Europea promueve en su vecindad meridional, en tanto analistas en Madrid señalan que las crecientes presiones de seguridad internas —en particular el tráfico de drogas procedente de Siria— podrían explicar el endurecimiento penal. En América Latina, donde la mayoría de los Estados ha suprimido la pena capital, observadores subrayan que Jordania se aleja del consenso regional plasmado en el Pacto de San José, que prohíbe la aplicación de la pena de muerte en tiempos de paz.

Jordania aplica la pena de muerte de forma restringida, principalmente en casos de terrorismo y delitos violentos graves. La última ejecución colectiva ocurrió en marzo de 2017, cuando quince personas —diez de ellas por terrorismo— fueron ahorcadas. En la actualidad, más de cien reos permanecen en el corredor de la muerte y, según Momani, los ajusticiamientos continuarán «uno por uno». La iniciativa de reforma legal será remitida al Parlamento para su debate, donde el gobierno espera el respaldo de ambas cámaras. Mientras tanto, se prevén reacciones de Naciones Unidas, que en reiteradas ocasiones ha instado a Amán a restablecer la moratoria, y de capitales europeas que podrían revisar la cooperación en materia de derechos humanos.