El Gobierno de Irak ha comunicado a todos los grupos armados que el 30 de septiembre de 2026 será la fecha límite para entregar sus armas al Estado, según anunció el portavoz del Ejecutivo, Haidar al Aboudi. Ese mismo día concluye oficialmente la misión de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el grupo yihadista Estado Islámico, un argumento que las facciones cercanas a Irán han utilizado durante años para justificar su negativa al desarme. A partir de esa fecha, advirtió Al Aboudi, cualquier armamento fuera del marco estatal quedará sujeto a acciones legales.

Desde Bagdad, la medida se presenta como la materialización de una política de monopolio de la fuerza que el primer ministro Ali al Zaidi ha definido como irreversible. En declaraciones recogidas por medios iraquíes, Al Zaidi subrayó que limitar las armas al Estado “no es un eslogan” y que su gobierno ya ha comenzado a aplicar esa directriz. El anuncio se produce en vísperas de la primera visita oficial del mandatario a Washington, donde, según fuentes diplomáticas estadounidenses, la Administración Trump condiciona la reanudación de las transferencias de ingresos petroleros iraquíes —retenidos en la Reserva Federal de Nueva York— a avances concretos en el desmantelamiento de las milicias. La Casa Blanca mantiene en su lista de organizaciones terroristas a varias de esas facciones, como Kataeb Hezbolá y el Movimiento Nujaba, a las que responsabiliza de cientos de ataques contra intereses norteamericanos en la región durante la reciente guerra en Oriente Medio.

En el plano regional, la decisión de Bagdad se interpreta como un intento de equilibrar las presiones de Washington con la influencia de Teherán. Analistas en Beirut observan que el anuncio se conoció un día después de la visita a Bagdad del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y en paralelo a una operación anticorrupción en la Zona Verde que, según reportes de prensa, incluyó la detención de figuras próximas a Irán. Mientras algunas formaciones como Kataeb Imam Ali y Asaib Ahl al Haq han comenzado a transferir el control de sus brigadas al Ejército iraquí, otras, entre ellas Kataeb Hezbolá, insisten en que la presencia de tropas extranjeras hace inaceptable cualquier exigencia de desarme. Desde la óptica de Teherán, la integración de las Unidades de Movilización Popular (Hashd al Shaabi) en las fuerzas regulares es vista como un proceso que debe preservar la capacidad de disuasión frente a lo que califican de ocupación extranjera.

El plazo fijado por Bagdad se inscribe en un contexto de reconfiguración de la seguridad iraquí tras el alto el fuego que puso fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Durante el conflicto, las milicias chiíes lanzaron más de 600 ataques contra bases con presencia estadounidense en Irak y proyectaron drones hacia Emiratos Árabes Unidos, lo que llevó a Washington a suspender los pagos de crudo y a ejecutar represalias directas. Con la fecha del 30 de septiembre, el Gobierno iraquí busca cerrar ese capítulo y consolidar la autoridad estatal antes de que Al Zaidi emprenda una gira que, tras Washington, lo llevará a Ankara, Riad y Teherán. El cumplimiento efectivo del ultimátum dependerá, según fuentes gubernamentales en Bagdad, de la capacidad de las fuerzas de seguridad para hacer valer la ley sin desencadenar una fractura interna en el complejo entramado de lealtades que caracteriza al Hashd al Shaabi.