El gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, anunció este lunes una campaña diplomática de gran escala con el objetivo explícito de desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI). En un artículo de opinión, un mensaje en video y un comunicado oficial, Rubio acusó al tribunal de La Haya de librar “una guerra contra nuestro país” mediante el uso del derecho internacional y prometió desmontarlo “ladrillo a ladrillo, si es necesario”. El Departamento de Estado detalló que se examina un amplio abanico de medidas, que incluyen la prohibición de viajes, la revocación de visados, la ampliación de sanciones contra funcionarios y entidades afiliadas a la CPI, y una ofensiva diplomática para presionar a los Estados parte a que abandonen el Estatuto de Roma.

Desde Washington se argumenta que la CPI representa una amenaza intolerable a la soberanía nacional porque reclama jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses sin el consentimiento de Estados Unidos, que nunca ratificó el tratado fundacional. La administración Trump señala como pruebas de extralimitación la investigación abierta en 2020 sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán y, más recientemente, las órdenes de arresto dictadas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa. Rubio sostuvo que la corte se ha convertido en un instrumento de “redes de ONG izquierdistas, globalistas arrogantes y gobiernos del tercer mundo” hostiles a Estados Unidos, y advirtió que aceptar su autoridad expondría a militares, agentes fronterizos y fiscales federales a procesos judiciales internacionales.

En capitales europeas, donde numerosos gobiernos son firmes defensores de la CPI como pilar de la justicia internacional, la ofensiva estadounidense genera inquietud. Analistas en Bruselas recuerdan que la Unión Europea ha respaldado de manera consistente al tribunal y que una campaña de presión para que los Estados miembros se retiren podría tensar las relaciones transatlánticas. En América Latina, región con una amplia membresía en el Estatuto de Roma, diplomáticos en Buenos Aires y Ciudad de México observan que la exigencia de Washington coloca a gobiernos aliados en una posición incómoda, sobre todo a aquellos que reciben asistencia de seguridad estadounidense. La propia CPI ha visto a tres de sus jueces presentar una demanda contra la administración Trump por considerar ilegales las sanciones impuestas.

La hostilidad de Washington hacia la CPI no es nueva, pero la campaña actual marca una escalada significativa. El detonante inmediato fueron las órdenes de captura contra dirigentes israelíes, que el gobierno estadounidense calificó de ilegítimas. El Departamento de Estado ha indicado que vigilará qué países se suman a la iniciativa y que aquellos que se nieguen a rechazar la autoridad del tribunal podrían enfrentar un “mayor escrutinio”. La CPI no ha emitido hasta el momento una respuesta oficial, si bien expertos jurídicos advierten que las sanciones y el aislamiento diplomático pueden dificultar las investigaciones en curso. Se espera que en las próximas semanas las embajadas estadounidenses intensifiquen las gestiones ante los gobiernos anfitriones para que repudien públicamente la jurisdicción de la corte.