La morosidad en préstamos personales y tarjetas de crédito alcanzó niveles récord en Argentina durante el primer semestre de 2026, lo que llevó a gobiernos provinciales y bancos públicos a lanzar programas de refinanciación con tasas subsidiadas y plazos extendidos. La Ciudad de Buenos Aires aprobó un plan con una tasa nominal anual máxima del 35 % y un mínimo de 24 cuotas para deudas en mora de entre 60 y 180 días, mientras que el Banco Provincia ofrece hasta 72 meses con tasas que parten del 31 % para los perfiles más sobreendeudados. El Banco Nación, por su parte, extendió líneas de hasta 120 meses con tasas del 12 % para quienes cobran haberes en la entidad. Sin embargo, especialistas financieros en el país advierten que esta opción, aunque alivia la presión inmediata, puede elevar el Costo Financiero Total (CFT) al sumar gastos administrativos, seguros e impuestos, y convertir la deuda en un título ejecutivo de cobro forzado, con el riesgo de extender obligaciones que de otro modo prescribirían a los tres años.

En contraste, desde Estocolmo una investigación oficial sobre el sobreendeudamiento propuso un cambio estructural en la imputación de pagos: que los abonos se destinen primero a reducir el capital y no a intereses y comisiones, como ocurre actualmente. La medida, conocida como skuldavräkning, busca romper el círculo de los “deudores eternos” —alrededor de 100 000 personas llevan más de 20 años con expedientes en la Agencia de Ejecución sueca— y acortar de cinco a tres años el período de reestructuración de deudas. La propuesta también contempla que la autoridad busque activamente a los deudores crónicos para iniciar el proceso, en lugar de esperar a que ellos lo soliciten.

En Colombia, la legislación vigente desde 2009 condiciona el cobro de gastos de cobranza a que la entidad financiera demuestre una gestión efectiva de recuperación e informe previamente al consumidor, una protección que la Superintendencia Financiera ha reforzado. La ley “Dejen de Fregar” de 2023 fijó además límites horarios y de tono para los contactos de cobro. Por su parte, en Estados Unidos, la responsabilidad por las deudas de tarjeta tras un divorcio sigue dependiendo de la titularidad de la cuenta y del régimen patrimonial del estado: las sentencias de divorcio no eximen a los acreedores de reclamar a ambos cónyuges en cuentas conjuntas, y los usuarios autorizados generalmente no responden por la deuda.

Los programas argentinos tienen ventanas de inscripción acotadas —60 días en la Ciudad de Buenos Aires— y exigen acreditar ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos y una carga de cuotas superior al 30 % de los ingresos. En Suecia, la propuesta de skuldavräkning enfrenta resistencia de la industria crediticia y está a la espera de la respuesta formal de la Asociación de Bancos. Mientras, en Colombia, las normas de protección al consumidor financiero continúan siendo un dique frente a cobros automáticos no justificados.