El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció la desarticulación de lo que calificó como una serie de atentados terroristas «sin precedentes por su escala y grado de amenaza», dirigidos contra infraestructura militar, una empresa líder del complejo industrial de defensa y un alto oficial del Ministerio de Defensa en Moscú. Según el comunicado oficial, las operaciones fueron planificadas por los servicios especiales ucranianos con la participación directa de «curadores occidentales» y contemplaban el uso de drones con artefactos explosivos de fabricación casera. La información, difundida por agencias estatales rusas y replicada por medios internacionales, no ha recibido comentarios por parte de las autoridades ucranianas ni ha sido verificada de forma independiente.

En el marco de esta operación, el FSB informó de dos detenciones clave. En Moscú fue arrestada una ciudadana rusa de 25 años, nacida en 2001, a quien se acusa de haber sido reclutada en 2024 a través de la aplicación WhatsApp por un coordinador ucraniano que simuló mantener una relación romántica con ella. De acuerdo con la versión del FSB, la mujer alquiló un apartamento en la capital rusa en marzo de 2026, instaló cámaras de videovigilancia para monitorear la residencia y el vehículo del oficial objetivo y transmitió las imágenes a Ucrania. Asimismo, preparó medios de camuflaje y alimentos para un supuesto ejecutor del atentado que debía ocupar el inmueble tras su salida del país, prevista a través de Turquía y Moldavia. La detenida, cuya identidad no fue revelada, se declaró culpable y colabora con la investigación; enfrenta cargos por preparación de acto terrorista y alta traición.

El segundo detenido, un hombre ruso de 47 años arrestado en Krasnodar, habría sido reclutado en febrero de 2026 por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) bajo la amenaza de procesar penalmente a su esposa, según el relato del FSB. Tras cumplir una condena por robo y atraco en Rusia, se había trasladado a Dnipró, Ucrania. La versión oficial indica que recibió entrenamiento en armas de fuego y explosivos, y que ingresó a Rusia por la ruta Chisináu-Ereván-Mineralnye Vody. En Moscú alquiló un piso, instaló dos cámaras para vigilar al mismo alto mando militar y adquirió barba, bigote y gafas postizas como disfraz. El plan, siempre según el FSB, consistía en atacar con un dron cargado con 600 gramos de explosivo y metralla en el momento en que el oficial entrara al portal de su domicilio. Al detenido se le incautó el artefacto explosivo y un teléfono con mensajes que, según la acusación, confirman la preparación del asesinato. También se le imputa tentativa de terrorismo.

Desde la perspectiva de analistas en Moscú, estos anuncios se inscriben en un patrón recurrente de acusaciones rusas sobre presuntos planes de sabotaje y asesinatos selectivos orquestados por Kiev, a menudo presentados junto con detenciones y pruebas materiales difundidas en videos operativos. En los últimos meses, el FSB ha reportado la neutralización de múltiples células que habrían tenido como blanco a oficiales del Ministerio de Defensa, sus familiares, aeródromos militares y plantas del sector armamentístico. En paralelo, fuentes de seguridad occidentales han advertido sobre el incremento de operaciones encubiertas rusas en Europa, aunque no se han pronunciado sobre estos casos concretos. La falta de acceso a los expedientes judiciales y la imposibilidad de contrastar las pruebas con fuentes independientes limitan la verificación de los hechos más allá de la narrativa oficial rusa.

Ambos sospechosos permanecen bajo custodia judicial. La mujer fue puesta en prisión preventiva por un tribunal de Moscú, mientras que el hombre recibió una medida similar por dos meses en Krasnodar. Las causas penales abiertas incluyen los delitos de preparación de atentado terrorista y, en el caso de la mujer, también traición a la patria, tipificados en los artículos 30, 205 y 275 del Código Penal ruso, que contemplan penas de hasta cadena perpetua. Se espera que en las próximas semanas la investigación avance con la presentación formal de cargos y la posible ampliación de las imputaciones, mientras el FSB continúa difundiendo detalles de lo que describe como una operación de gran envergadura frustrada.