Un proyecto de ley con respaldo bipartidista de más de 60 senadores estadounidenses propone imponer aranceles de hasta el 100% a las importaciones procedentes de los cinco mayores compradores de petróleo y gas rusos, entre los que se cuentan China, India, Eslovaquia, Hungría y Azerbaiyán. La iniciativa, bautizada como Ley de Sanciones a Rusia Lindsey O. Graham de 2026, fue presentada por el senador demócrata Richard Blumenthal junto al fallecido senador republicano Lindsey Graham, y cuenta con el respaldo expreso del presidente Donald Trump, quien según fuentes legislativas en Washington ha señalado que la firmaría en memoria de su colega.

Desde Nueva Delhi, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Randhir Jaiswal, afirmó que India adquiere crudo de múltiples países en función de sus necesidades energéticas y que sigue de cerca la evolución del proyecto. Las importaciones indias de crudo ruso alcanzaron en junio un récord de 4.500 millones de euros, equivalentes al 36% de las exportaciones rusas, lo que sitúa al país como el segundo mayor comprador después de China. Analistas en la región señalan que el gobierno de Modi defiende estas compras como esenciales para la seguridad energética y la estabilidad de precios, en un contexto en el que Washington ya había dejado expirar en junio una licencia general que permitía esas transacciones sin sanciones.

La legislación, que aún debe ser aprobada por el pleno del Senado y la Cámara de Representantes, autoriza al Representante de Comercio de EE.UU. a fijar aranceles de hasta el 100% sobre los cinco principales importadores de hidrocarburos rusos y sobre los cinco países que más faciliten la elusión de sanciones. El texto exime a los aliados europeos cuyas compras de gas ruso representen menos del 15% del total exportado por Moscú y que estén reduciendo esa dependencia, lo que blinda a naciones como Francia, Bélgica o Japón. También quedan exceptuadas las importaciones estadounidenses de uranio para reactores nucleares y la cooperación espacial y nuclear con Rusia. El proyecto incorpora además sanciones obligatorias contra el presidente Vladímir Putin, la cúpula militar y de seguridad, el banco central, entidades como Sberbank y Gazprombank, los proyectos de gas natural licuado en el Ártico y la llamada “flota en la sombra” que transporta crudo sancionado.

Desde Moscú, analistas del banco de inversión Sinara consideran improbable que la ley se aplique en su máximo rigor, ya que el texto no impone sanciones automáticas sino que otorga al presidente la facultad de suspenderlas si lo justifica ante el Congreso como de interés nacional. En círculos diplomáticos europeos se interpreta la cláusula de exención como un intento de preservar la unidad transatlántica, mientras que en Pekín y Nueva Delhi se percibe la medida como un instrumento de presión que podría tensar las relaciones comerciales sin alterar de inmediato los flujos energéticos. La Casa Blanca, que inicialmente se opuso a versiones anteriores del proyecto por considerar que interferían con sus gestiones diplomáticas, aceptó la versión actual tras negociar la reducción del arancel máximo del 500% al 100% y la inclusión de la facultad presidencial de suspensión.

El liderazgo republicano del Senado evalúa los tiempos para llevar el texto al pleno, mientras que en la Cámara de Representantes aún no se ha fijado fecha de debate. Impulsores de la ley confían en que pueda ser votada antes de agosto, aunque la agenda legislativa y la complejidad de las exenciones podrían retrasar el trámite. De ser aprobada, la norma dotaría a Washington de una nueva herramienta de coerción económica sobre los socios comerciales de Rusia, al tiempo que codificaría por ley sanciones que hasta ahora dependían de órdenes ejecutivas.