La Sección Segunda del Consejo de Estado de Colombia revocó el auto que desde febrero suspendía provisionalmente el decreto 1469 de 2025, por el cual el Gobierno de Gustavo Petro fijó un aumento del 23,7 % en el salario mínimo para 2026. La decisión, adoptada al resolver los recursos de súplica presentados por la Presidencia y varios ministerios, restablece de inmediato la vigencia del incremento y despeja la incertidumbre jurídica que pesaba sobre la remuneración de millones de trabajadores. El tribunal argumentó que la medida cautelar original no identificó un perjuicio concreto derivado del alza, ya que el decreto transitorio expedido por el Ejecutivo en cumplimiento de aquella orden reprodujo el mismo porcentaje, lo que vaciaba de utilidad práctica la suspensión.

Desde la óptica del alto tribunal, las medidas cautelares tienen una función instrumental: evitar daños inminentes, no reprochar la motivación de los actos administrativos. Al constatar que la coexistencia de dos decretos con idéntico efecto salarial no generaba un escenario de indeterminación normativa que afectara a la sociedad, la Sección Segunda concluyó que el debate sobre la legalidad del incremento debe trasladarse a la sentencia de fondo. Analistas en Bogotá observan que esta revocatoria fortalece temporalmente la posición del Ejecutivo, aunque deja abierta la discusión sobre si el Gobierno justificó suficientemente el aumento con variables como la inflación (5,3 %), el PIB (3,6 %) y la productividad (0,91 %), o si se apoyó de manera preponderante en el concepto de salario vital de la OIT.

En un movimiento judicial paralelo, el conjuez Héctor Santaella Quintero suspendió el decreto que eliminaba una prima especial de servicios por 18 millones de pesos para los congresistas que se posesionan el 20 de julio. La decisión generó una fuerte reacción del presidente Petro, quien denunció un conflicto de intereses porque la norma también afecta los ingresos de los magistrados de las altas cortes. De acuerdo con fuentes del Consejo de Estado, los seis magistrados titulares de la Sección Segunda se declararon impedidos por ese motivo, y el conjuez Santaella —exsocio del magistrado Juan Camilo Morales, quien lo nominó— asumió el caso. Mientras tanto, otro conjuez, Carlos Mario Isaza, negó una cautelar similar al considerar que los argumentos de los demandantes exigen un examen de fondo, lo que evidencia posturas divididas dentro del tribunal.

El pulso colombiano por los salarios se inscribe en una tendencia regional de reacomodo de las políticas de compensación. En Argentina, el informe de PwC sobre 148 empresas revela que los ajustes salariales para el personal fuera de convenio promediaron un 13,48 % en el primer semestre y se proyecta un cierre de año en torno al 27 %, en línea con una inflación estimada del 28,44 %. La Unión Ferroviaria, por su parte, acordó con las operadoras estatales un incremento del 8,03 % en julio y otro del 1,9 % en agosto, más sumas no remunerativas, sin recurrir a medidas de fuerza. Fuera de América Latina, la presión inflacionaria sigue redefiniendo las estrategias financieras de los hogares: en Estados Unidos, el endeudamiento con tarjetas de crédito a tasas cercanas al 22 % impulsa a muchos a recurrir a empresas de alivio de deudas, mientras que en Australia los jubilados reevalúan sus carteras para proteger los ahorros frente a la volatilidad de los mercados. El Consejo de Estado colombiano deberá ahora concentrarse en la sentencia definitiva sobre el salario mínimo, sin que se haya fijado aún una fecha para la audiencia de pruebas.