Las fuerzas de Estados Unidos destruyeron el 16 de julio una torre de vigilancia marítima del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el puerto de Chabahar, en la costa sudoriental de Irán, en el sexto día de una nueva escalada de hostilidades. Según el Comando Central estadounidense (Centcom), la instalación formaba parte de una red utilizada durante décadas para rastrear y atacar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán. La acción, que se produjo en el marco de una ofensiva más amplia contra decenas de objetivos militares iraníes, tiene como fin, de acuerdo con Washington, proteger la libertad de navegación y hacer cumplir el bloqueo naval impuesto a Irán, que prohíbe el paso a buques que intenten violarlo.

Desde Teherán, la operación fue calificada como un "crimen de guerra" y una "grave violación del derecho internacional humanitario". El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, remitió una carta de protesta al secretario general y al Consejo de Seguridad, en la que denunció daños a infraestructura civil. En paralelo, el CGRI afirmó haber lanzado ataques de represalia con misiles balísticos y drones contra radares y aeronaves militares estadounidenses en Catar y Jordania, y aseguró haber destruido varios aviones cisterna y causado bajas. El Centcom desmintió esas afirmaciones y sostuvo que ningún soldado estadounidense había muerto o sido capturado en la región. Las autoridades iraníes reportaron además al menos ocho fallecidos y más de 400 heridos en los bombardeos estadounidenses sobre la provincia de Hormozgán, donde resultaron dañados tres puentes.

El intercambio de golpes ha tenido repercusiones más allá de los beligerantes. El Ministerio de Electricidad, Agua y Energías Renovables de Kuwait informó que una de sus centrales de generación eléctrica y desalinización fue alcanzada durante los ataques iraníes, lo que provocó un incendio y la interrupción de varias unidades. La tensión en el estrecho de Ormuz —por donde transitaba una quinta parte del crudo mundial antes del inicio de las hostilidades el 28 de febrero— ha impulsado al alza los precios del petróleo y ha encendido las alarmas en capitales europeas y latinoamericanas por el posible estrangulamiento de las cadenas de suministro energético.

La actual espiral de violencia se desencadenó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cancelara el 17 de junio un memorando de entendimiento firmado con Irán, al que acusó de incumplir sistemáticamente los acuerdos. Teherán respondió con el cierre del estrecho de Ormuz el 11 de julio, alegando tránsitos no autorizados, y Washington reimpuso dos días después un cerco naval sobre puertos y buques iraníes. Desde la óptica de analistas en Oriente Medio, la destrucción de la torre de vigilancia representa un esfuerzo por parte de Estados Unidos de limitar la capacidad de monitoreo iraní sobre el tráfico marítimo, mientras que para el CGRI constituye un paso más hacia lo que ha descrito como la "hora cero" de una operación contra las unidades navales del Centcom. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene sobre la mesa la queja formal de Irán, aunque no se ha anunciado ninguna sesión de emergencia. La situación sigue abierta y ambas partes mantienen sus capacidades de respuesta en alerta.