La jueza Mariela Quintana, titular del Juzgado Correccional N.º 3 de San Isidro, condenó al exgimnasta olímpico Federico Molinari a un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional por el delito de grooming contra una adolescente de 15 años que entrenaba en su gimnasio de Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires. La sentencia, dictada tras un proceso iniciado por una denuncia materna en 2023, incluye la prohibición de acercamiento a la víctima, la obligación de realizar un tratamiento psicológico con perspectiva de género y dos años de supervisión del Patronato de Liberados. Según la investigación del fiscal Gonzalo Acosta, entre 2020 y 2021 el deportista envió a la alumna mensajes de contenido sexual a través de Instagram, instándola a activar el “modo efímero” para eliminar automáticamente las conversaciones; capturas de esos diálogos constituyeron la prueba central del caso.

Desde la representación legal de la víctima, la abogada María Emilia García Márquez valoró el fallo condenatorio como un reconocimiento de la responsabilidad penal, aunque consideró que la pena “no resulta suficiente frente a la magnitud del daño ocasionado”. En paralelo, la fundación Grooming Argentina, a través de su director ejecutivo Hernán Navarro, subrayó que estos delitos no responden a un perfil determinado y que el agresor puede insertarse en cualquier ámbito de confianza con menores, al tiempo que planteó la necesidad de revisar si las escalas penales reflejan el daño profundo que provocan. La defensa del exgimnasta, que no admitió los hechos, no logró desvirtuar las pruebas digitales, y la sentencia se enmarca en el artículo 131 del Código Penal argentino, incorporado en 2013 para sancionar la captación de menores por medios electrónicos con fines sexuales.

El caso Molinari se suma a una serie de condenas recientes en el Cono Sur que, según analistas de la región, evidencian un patrón de penas condicionales para el grooming. En Mendoza, un joven de 18 años recibió seis meses de prisión en suspenso por acosar a una niña de 12 años mediante un perfil falso de Instagram, mientras que datos oficiales citados por fuentes judiciales argentinas indican un incremento del 73,7 % en delitos sexuales digitales contra menores en el último año. Organizaciones de infancia en Buenos Aires advierten que la ejecución condicional, aunque evita la prisión efectiva, puede no generar el efecto disuasorio necesario y deja en evidencia la “preocupante pasividad” de los organismos de contralor deportivo, que, según la querella, no activaron protocolos de prevención al conocer los hechos.

En contraste, desde la óptica de sistemas judiciales europeos y asiáticos se registran respuestas punitivas más severas ante delitos sexuales que involucran a menores. En Suecia, un tribunal de Malmö condenó a un hombre de 22 años a tres años y medio de prisión por violar a una mujer con discapacidad intelectual y por intentar que una menor de 15 años le enviara material de desnudez bajo amenaza de revelar información a su madre; la sentencia no fue atenuada por la discapacidad intelectual del agresor. En India, el Tribunal Superior de Gauhati confirmó la condena de un ginecólogo por tocamientos a una paciente menor de edad, rechazando el argumento de que se trataba de un examen rutinario y subrayando que el manoseo de senos no forma parte de una exploración ginecológica estándar, aunque redujo la pena a una multa por la avanzada edad del acusado. Estas decisiones, señalan juristas en Nueva Delhi, refuerzan la noción de que el consentimiento y el contexto médico no eximen de responsabilidad penal.

El expediente de Federico Molinari queda cerrado con una condena que, si bien no implica privación de libertad, impone reglas de conducta y supervisión estatal durante dos años. La discusión sobre la proporcionalidad de las penas por grooming continúa abierta en el ámbito legislativo argentino, donde voces del sector de protección a la infancia reclaman una actualización de las escalas para equipararlas al daño psicológico prolongado que, según estudios regionales, genera esta modalidad de violencia sexual sin contacto físico. Se espera que el caso impulse auditorías a los protocolos de las federaciones deportivas y reavive el debate parlamentario sobre la reforma del artículo 131 del Código Penal.