En un discurso televisado en horario de máxima audiencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la República Popular China de haber ejecutado «la mayor violación de datos electorales de la historia» durante el ciclo presidencial de 2020, con la adquisición ilícita de 220 millones de archivos de votantes estadounidenses. La intervención, pronunciada a menos de cuatro meses de las elecciones legislativas de medio mandato, estuvo acompañada de la desclasificación de documentos de inteligencia que, según el mandatario, revelan «vulnerabilidades impactantes» en la infraestructura electoral y un presunto encubrimiento por parte de un «Estado profundo» dentro de las propias agencias estadounidenses. Trump instó al Congreso a aprobar de inmediato la ley SAVE America, que impondría requisitos de identificación con fotografía y prueba de ciudadanía para votar, y anunció investigaciones internas sobre la supuesta ocultación de información.

Desde Pekín, la cancillería china calificó las acusaciones de «puras invenciones y calumnias maliciosas» y reiteró el principio de no intervención en asuntos internos. La embajada china en Washington subrayó que el país «nunca ha interferido ni interferirá» en los comicios estadounidenses. En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó «enérgicamente» cualquier señalamiento de injerencia rusa y recordó que investigaciones previas del propio Congreso y del Departamento de Justicia de Estados Unidos no hallaron pruebas de influencia externa. La oposición demócrata, por su parte, denunció que el discurso busca sembrar desconfianza en el proceso electoral de noviembre, cuando los republicanos arriesgan el control de una o ambas cámaras del Congreso. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la alocución como «las divagaciones de un rey loco».

Los documentos desclasificados, sin embargo, no corroboran la tesis de una manipulación de los resultados electorales. Una evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense de 2021, elaborada bajo la dirección de John Ratcliffe —entonces director de Inteligencia Nacional designado por Trump y actual director de la CIA—, concluyó que no existían indicios de que ningún actor extranjero hubiera alterado «aspecto técnico alguno» de la votación de 2020. Los nuevos materiales revelan que Pekín recopiló datos de votantes, en su mayoría de carácter público y disponibles para su compra por consultores políticos, pero no presentan evidencia de que se modificaran votos, se fabricaran papeletas o se alteraran los cómputos. Analistas en Washington observan que la ofensiva retórica de Trump se produce en un momento de fragilidad política, con su índice de aprobación lastrado por la impopular guerra contra Irán y el alto costo de la energía.

El discurso añade tensión a la frágil tregua comercial entre las dos mayores economías del mundo. Apenas dos meses atrás, Trump realizó una visita de Estado a Pekín, donde elogió al presidente Xi Jinping y suavizó sus posturas sobre Taiwán; posteriormente, invitó a Xi a Washington para septiembre. Desde la óptica de analistas en Bruselas y en capitales latinoamericanas, el giro discursivo podría interpretarse como una maniobra de política interna destinada a movilizar a la base republicana, más que como un cambio sustancial en la relación bilateral. No obstante, la administración Trump ha instruido al FBI, a la CIA y al Departamento de Justicia para que investiguen la supuesta filtración de datos y el presunto ocultamiento, mientras el Senado mantiene bloqueada la ley SAVE America ante la oposición demócrata y el escepticismo de algunos legisladores republicanos. El desenlace de estas pesquisas y la evolución de la campaña electoral definirán el impacto real de las acusaciones sobre la credibilidad del sistema electoral estadounidense.