La justicia iraní se dispone a ejecutar de forma inminente a doce personas vinculadas a las protestas de la denominada «Revolución Nacional», según reportes de medios independientes en persa y fuentes de la oposición en el exilio. Los condenados, todos ellos parte del sumario por los disturbios en la plaza Meydan Alikhani de Isfahán, fueron trasladados el sábado 27 de tir (equivalente al 18 de julio) desde el módulo común de la prisión de Dastgerd a celdas de aislamiento, un procedimiento que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos con sede en Londres, suele preceder a la aplicación de la pena capital. La medida ha provocado una huelga de hambre de otros reclusos en el mismo centro, que denuncian la inminencia de las ejecuciones. Entre los sentenciados se encuentra Erfan Esfandiari, de 19 años, cuya familia ya ha sido convocada para una última visita.

De forma paralela, en la prisión de Ghezel Hesar, al oeste de Teherán, un grupo de internos condenados por delitos de drogas mantiene desde el 22 de tir una huelga de hambre para exigir la suspensión de las ejecuciones de seis compañeros que también fueron aislados. La organización Iran Human Rights, con sede en Noruega, ha difundido vídeos en los que se ve a presos inconscientes a los que, según denuncian, se les niega la atención médica. Amnistía Internacional recordó que en 2025 el régimen iraní ejecutó a 2.159 personas, la cifra más alta registrada en el país y la que elevó el cómputo global de ejecuciones a su máximo desde 1981. Analistas en Bruselas interpretan esta aceleración como un intento de disuadir nuevas movilizaciones sociales en un contexto de creciente descontento interno.

La ofensiva judicial se extiende a otros ámbitos. En Qom, un tribunal condenó a la fotógrafa Tahmineh Monzavi y a otros ocho integrantes del proyecto «Concierto en el Caravasar» a 74 latigazos y dos años de prohibición para ejercer su profesión y salir del país. La cantante Parastoo Ahmadi había publicado en YouTube una actuación sin el velo obligatorio en el caravasar histórico de Deyr Gachin, lo que el tribunal calificó de «contenido vulgar y contrario a la moral». Asimismo, en la ciudad de Shahrud, varios detenidos durante las protestas de enero de 2025, entre ellos el joven Arvin Jirjahan, de 20 años, se enfrentan a la pena de muerte por su presunta participación en un ataque a una mezquita, según ha podido saber IranWire.

Este endurecimiento represivo coincide con una escalada militar de gran envergadura entre Irán y Estados Unidos. Tras siete noches consecutivas de bombardeos estadounidenses contra posiciones militares y logísticas en territorio iraní, la Guardia Revolucionaria lanzó una oleada de misiles y drones contra bases que albergan fuerzas de Washington en Kuwait, Baréin y Jordania. El Pentágono confirmó el envío de más cazas F-16 y F-35 a la región, mientras que Teherán amenazó con nuevos ataques a los aliados de Washington. La ofensiva iraní alcanzó infraestructuras civiles, como una desalinizadora en Kuwait y centrales eléctricas en Jask, dejando a unas 10.000 personas sin agua. El precio del petróleo subió más de un 4% y el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del crudo mundial, se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación naval.

Desde la óptica de las capitales europeas, la simultaneidad de la represión interna y la aventura militar externa refleja la decisión de Teherán de responder con dureza en todos los frentes tras el colapso del alto el fuego. El dossier judicial de los doce condenados en Isfahán está en manos del Tribunal Supremo, que ya ha ratificado las sentencias, por lo que su ejecución podría materializarse en las próximas horas. Mientras, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha logrado consensuar una declaración sobre la crisis, y las cancillerías latinoamericanas, con la excepción de un comunicado de condena de la Cancillería argentina, mantienen un perfil de cautela ante la posibilidad de una guerra total en el Golfo.