El Gobierno australiano reconoció que el esquema Job-ready Graduates, vigente desde 2021, no logró redirigir a los estudiantes hacia carreras prioritarias y encareció las humanidades hasta superar los 50.000 dólares australianos por título. En paralelo, el Partido del Centro sueco propuso la figura del «studentmedarbetare», un contrato a tiempo parcial vinculado al área de estudio, para reducir el desempleo de los titulados, que afecta al 31% de los recién egresados en el país nórdico.

El endeudamiento estudiantil lastra el acceso a la vivienda, según economistas en Sídney. El economista jefe de AMP, Shane Oliver, señaló que una deuda elevada reduce la capacidad de ahorro y el importe que los bancos prestan, retrasando o impidiendo la compra de una primera vivienda. En Suecia, la propuesta del Partido del Centro incluye eliminar la prueba de ingresos sobre el préstamo de manutención y rebajar las cotizaciones patronales para salarios de hasta 30.000 coronas mensuales, con el fin de facilitar la inserción laboral temprana.

La presión demográfica añade urgencia. El observatorio Fragilitalia, de Legacoop e Ipsos, cifró en 400 euros mensuales el coste medio por hijo en Italia; para el 21% de las familias absorbe entre el 40% y el 70% de los ingresos, con mayor incidencia en hogares de rentas bajas. En Suecia, el debate migratorio se entrelaza con la sostenibilidad del estado de bienestar: el Partido del Centro defiende una «inmigración positiva» que aporte mano de obra ante el envejecimiento poblacional y vincula la integración al fomento del empleo en pymes. Desde los Demócratas de Suecia, en cambio, se subraya la necesidad de mantener el control migratorio para garantizar la seguridad y se atribuye al actual Gobierno de coalición el inicio de un cambio de rumbo.

La dimensión social de la política migratoria también está bajo revisión. El ministro de Migraciones sueco, Johan Forssell, anunció que el Gobierno examinará la legislación para que las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género no pierdan el permiso de residencia al separarse de su agresor. Actualmente, la ley concede un permiso de 13 meses no prorrogable, lo que, según organizaciones de apoyo, fuerza a muchas a permanecer en relaciones de maltrato por miedo a la deportación. El caso de una ciudadana paquistaní que denunció abusos y cuya orden de expulsión está recurrida ilustra la tensión entre control migratorio y protección de víctimas.

El próximo hito en Australia será el informe de la Comisión de Educación Terciaria, previsto para el segundo semestre de 2027, que revisará los costes universitarios. En Suecia, la propuesta de reforma laboral y migratoria deberá superar el trámite parlamentario, mientras el Ejecutivo estudia modificar la ley de extranjería para evitar que las víctimas de violencia queden desprotegidas.