Un tribunal de la periferia de Moscú impuso este viernes una multa de mil rublos al veterano político Borís Nadezhdin por exhibir “símbolos extremistas”, una sentencia que le inhabilita para presentarse a las elecciones parlamentarias de septiembre. La condena, basada en un enlace de 2023 a un vídeo donde aparecía la imagen del fallecido opositor Alexéi Navalni, se produjo apenas una semana después de que el Ministerio de Justicia ruso lo declarase “agente extranjero”. De forma paralela, el bloguero Iliá Remeslo, otrora afín al Kremlin y ahora crítico con la intervención en Ucrania, fue arrestado en San Petersburgo y puesto en prisión preventiva por difundir “información falsa sobre el ejército”, un delito castigado con hasta diez años de cárcel.

Desde la óptica de las instituciones rusas, ambas medidas se enmarcan en la aplicación estricta de la legislación vigente contra el extremismo y la desinformación castrense. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desvinculó al Gobierno de los problemas legales de Nadezhdin, mientras que la acusación contra Remeslo se sustenta en un manifiesto publicado en Telegram donde calificaba a Vladímir Putin de “criminal de guerra” y vaticinaba su caída. Los abogados defensores, por el contrario, denuncian un uso instrumental de la justicia para silenciar cualquier disidencia de cara a los comicios. Nadezhdin afirmó ante el juez que el verdadero objetivo era “cerrarle la boca”, y su letrada calificó el proceso de “ilegal” al argumentar que el político desconocía que el enlace incluiría la fotografía de Navalni.

Analistas en Bruselas y Washington interpretan esta ofensiva judicial como un intento de eliminar los últimos resquicios de oposición tolerada en un contexto de creciente malestar social. Las encuestas del Centro de Opinión Pública (FOM) y del estatal VTsIOM reflejan una caída de la popularidad de Putin hasta el entorno del 65-66 %, el nivel más bajo desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022. La crisis de combustible provocada por los ataques ucranianos a refinerías, la inflación disparada y las restricciones a internet han generado un descontento que, según observadores en Moscú, el Kremlin teme que pueda canalizarse a través de las urnas, por muy controladas que estén. La designación de “agente extranjero” ya impedía a Nadezhdin ocupar cargos públicos, pero la condena por extremismo cierra el resquicio legal que aún le permitía recoger firmas como candidato independiente.

La represión de la disidencia se ha intensificado desde febrero de 2022, con la mayoría de las figuras opositoras en prisión, en el exilio o fallecidas, como el propio Navalni. La etiqueta de “agente extranjero”, con ecos de la era soviética, conlleva estrictas obligaciones de información financiera y la prohibición de actividades políticas y mediáticas. En el caso de Remeslo, su ingreso previo en un hospital psiquiátrico tras publicar su manifiesto recuerda, según fuentes diplomáticas europeas, a las prácticas de internamiento forzoso de la disidencia durante la Guerra Fría. El expediente queda a la espera de los recursos de Nadezhdin, que no suspenden la inhabilitación, y del juicio a Remeslo, mientras la campaña electoral avanza sin voces críticas con la guerra.