El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves una moción que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a considerar la presentación de una cuestión de confianza y a asumir responsabilidades políticas mediante su dimisión. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular (PP), obtuvo 178 votos a favor, 171 en contra y una abstención, según el recuento oficial. La resolución no es jurídicamente vinculante: en el ordenamiento constitucional español solo el jefe del Ejecutivo tiene la prerrogativa de plantear una cuestión de confianza o disolver las Cortes. El texto aprobado se divide en tres puntos que, además de exhortar a ese gesto institucional, reprueban la decisión de la Mesa del Congreso de vetar semanas atrás una votación similar sobre la convocatoria de elecciones anticipadas.

La votación reflejó una alianza parlamentaria inusual. Junts, el partido independentista catalán que facilitó la investidura de Sánchez en 2023, sumó sus siete escaños a los del PP y Vox, mientras que el Partido Socialista (PSOE) y Sumar votaron en bloque en contra. Desde la óptica de la oposición, el respaldo de Junts evidencia la erosión de la mayoría que sostuvo al Gobierno y subraya la debilidad legislativa del Ejecutivo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, calificó la moción de “efecto político nulo” y reiteró que Sánchez no dimitirá ni adelantará los comicios. El propio presidente había ratificado horas antes en el hemiciclo su intención de agotar la legislatura, prevista hasta 2027, y rechazó las acusaciones de corrupción estructural que la oposición atribuye a su partido.

La moción carece de consecuencias jurídicas directas, pero según analistas en Madrid profundiza el aislamiento político del Gobierno en un momento de acumulación de causas judiciales. El punto cuarto del texto señala que “la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente” exige su dimisión. Entre esos casos destaca la condena a 24 años de prisión del exministro de Transportes José Luis Ábalos, una sentencia que ha intensificado las críticas de la oposición. El PP no ha presentado una moción de censura —el único instrumento constitucional para derribar al Ejecutivo— porque, según fuentes del partido, no reúne los apoyos necesarios para que prospere. La moción de censura en España es constructiva y requiere la designación de un candidato alternativo con mayoría absoluta.

Observadores en América Latina interpretan el episodio como un síntoma de la fragmentación política que caracteriza a varias democracias parlamentarias europeas. La legislatura española, marcada por una mayoría heterogénea que incluye a fuerzas independentistas y de izquierda, depende de equilibrios cada vez más precarios. El próximo escenario de tensión serán los Presupuestos Generales del Estado, cuyo debate podría activar un bloqueo legislativo si Junts retira definitivamente su apoyo. Por ahora, el presidente mantiene la iniciativa institucional: solo él puede decidir si se somete a una cuestión de confianza o si convoca elecciones anticipadas. El dossier queda abierto a la espera de los movimientos tácticos de los grupos parlamentarios en las próximas semanas.