El Parlamento brasileño encara su última semana de sesiones antes del receso del 18 de julio con la decisión ya tomada de aplazar la votación de la propuesta de enmienda constitucional (PEC) que reduce la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y consagra dos días de descanso, conocida como el fin de la escala 6x1. Según fuentes legislativas en Brasilia, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, comunicó a los líderes partidarios que no se tratarán “materias importantes” en estos días, lo que deja la iniciativa —aprobada en la Cámara de Diputados en mayo— sin calendario de tramitación hasta después del receso. La medida, que el Ejecutivo estima beneficiaría a 37 millones de trabajadores, era una de las principales apuestas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para la campaña electoral de octubre.

Desde la óptica del Palacio del Planalto, la postergación obliga a un giro comunicacional: la reducción de la jornada pasará de ser una entrega de gestión a una promesa de reelección. Analistas políticos en São Paulo señalan que, aunque el Gobierno intentó una ofensiva de última hora a través de su líder en el Senado, la falta de un encuentro directo entre Lula y Alcolumbre debilitó la presión. En paralelo, el Ministerio de Hacienda logró frenar en la Cámara baja el proyecto de renegociación de deudas rurales, que según cálculos oficiales podría tener un impacto fiscal de hasta 140.000 millones de reales, al proponer una medida provisoria alternativa que la bancada agropecuaria aún evalúa.

El atasco legislativo no se limita a la agenda laboral. La Cámara de Diputados buscaba sin éxito un acuerdo para votar el aumento del techo de facturación de los microemprendedores individuales (MEI) y la criminalización de la misoginia. En el primer caso, la resistencia del Ejecutivo se centra en el costo fiscal de revisar las franjas del Simples Nacional, estimado en más de 50.000 millones de reales anuales. En el segundo, sectores de la derecha consideran que el texto, tal como fue aprobado en el Senado, podría restringir la libertad de expresión, por lo que la relatora busca modificar la redacción para limitar el concepto de “ofensa”. Mientras, en el Senado, la propuesta de regulación económica de las plataformas digitales —que amplía las facultades del Consejo Administrativo de Defensa Económica sobre las grandes tecnológicas— sí contaba con consenso para ser votada en la Cámara, pero su avance en la cámara alta sigue incierto.

El escenario brasileño se inscribe en un patrón regional donde los calendarios electorales condicionan la productividad legislativa. En Colombia, el Congreso que se instala el 20 de julio recibirá más de un centenar de proyectos, entre ellos una quinta reforma tributaria del saliente gobierno de Gustavo Petro y la prohibición del fracking, en un contexto de transición hacia la administración entrante de Abelardo de la Espriella. En Argentina, el Senado cierra el semestre con una agenda acotada a pliegos judiciales y la ley de inviolabilidad de la propiedad, mientras el oficialismo de Javier Milei proyecta para agosto el debate del Presupuesto 2027 y la reforma electoral. En todos los casos, la proximidad de los comicios reordena prioridades y diluye las mayorías circunstanciales.

Con el inicio de las convenciones partidarias el 20 de julio y la campaña oficial el 16 de agosto, la actividad en el Congreso brasileño se reducirá al mínimo durante el segundo semestre. Los proyectos pendientes —incluidos la autonomía del Banco Central, el marco legal de inteligencia artificial y la PEC de Seguridad— quedarán supeditados a los acuerdos poselectorales. La sesión conjunta para analizar los vetos presidenciales también fue postergada, lo que, según fuentes parlamentarias, dificultará su eventual derogación en un año electoral. El reinicio de los trabajos está previsto para la primera semana de agosto, aunque sin garantías de avances sustanciales antes de los comicios de octubre.