El acceso a los sistemas de inteligencia artificial más avanzados sufrió un vuelco abrupto a mediados de junio, cuando la empresa estadounidense Anthropic desactivó sus modelos Fable 5 y Mythos 5 para todos los usuarios. La medida fue la respuesta a una directiva del gobierno de Donald Trump que prohibía poner esas herramientas a disposición de ciudadanos extranjeros. En una entrevista con Axios, el propio Trump reconoció que una semana antes veía a la compañía como una posible amenaza a la seguridad nacional, pero que ya no la percibe así tras la rápida reacción de su director ejecutivo, Dario Amodei. El cierre, sin embargo, se mantuvo firme durante días y expuso la dependencia europea de las decisiones regulatorias estadounidenses.

La intervención de la Casa Blanca se produjo después de que empleados de Amazon lograran que Fable —una versión reducida de Mythos, diseñada para no buscar vulnerabilidades— generara una respuesta con implicaciones de seguridad. Mythos había demostrado previamente la capacidad de detectar fallos en código que permanecían ocultos desde hacía décadas. A diferencia de la Unión Europea, Estados Unidos carece por el momento de un marco normativo específico para la inteligencia artificial, por lo que el Ejecutivo recurrió a un control directo de exportación. Anthropic, cuya plantilla de desarrolladores incluye a numerosos extranjeros, optó por una suspensión total ante la imposibilidad de verificar la nacionalidad de sus usuarios.

Desde Bruselas, la desconexión forzosa aceleró la percepción de que Europa necesita una capacidad propia en modelos fundacionales. El mejor exponente europeo, el francés Mistral, todavía se sitúa a una distancia considerable de los sistemas estadounidenses, y analistas del continente advierten que la dependencia tecnológica queda sujeta a los vaivenes políticos de Washington. En paralelo, el debate sobre la personalidad jurídica de la inteligencia artificial cobró impulso en América Latina. El presidente argentino, Javier Milei, propuso en el Financial Times la creación de la “sociedad automatizada”, una empresa operada por agentes de IA sin intervención humana directa, inspirada en la innovación que supuso la sociedad de responsabilidad limitada en el siglo XVII. El historiador Yuval Harari replicó que otorgar ese estatus sin mecanismos de sanción equiparables a los que recaen sobre las personas físicas abriría un vacío de responsabilidad, y recordó los efectos coloniales de las primeras compañías por acciones.

El episodio confluye con una cumbre del G7 en la que los líderes de las siete mayores economías industriales se reunieron con directivos de varias empresas de inteligencia artificial. Mientras en Buenos Aires el Poder Ejecutivo ya presentó un proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades para incorporar los nuevos formatos, en Europa crece la presión para definir una estrategia de soberanía digital que reduzca la exposición a decisiones unilaterales. El siguiente hito concreto será el trámite legislativo de esa iniciativa argentina, cuyo avance o estancamiento ofrecerá una señal temprana sobre la disposición de los Estados a reescribir las reglas del derecho societario ante la irrupción de agentes no humanos.