Un grupo de 26 empleados de Meta presentó una demanda en un tribunal federal de Oakland, California, en la que acusa a la empresa de utilizar sistemas de inteligencia artificial para seleccionar al personal afectado por el despido masivo de 8.000 trabajadores —el 10 % de la plantilla— anunciado en mayo. Según la querella, herramientas internas como el asistente Metamate, paneles de uso de tokens de IA y sistemas de monitoreo de pulsaciones de teclado y correos electrónicos generaron puntuaciones de productividad que, por diseño, no podían ser acumuladas por empleados en licencia médica, parental o familiar, lo que los colocó en desventaja frente a sus colegas.

Los demandantes, que permanecen en la nómina hasta el 22 de julio, sostienen que Meta no realizó la revisión individualizada y neutral que exigen leyes como la de Licencia Familiar y Médica (FMLA) o la de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). La compañía, a través de un portavoz citado por medios estadounidenses, negó las acusaciones: “Las decisiones de gestión de personal y organización son tomadas por personas, no por IA”, afirmó, y calificó los reclamos de “carentes de fundamento”. Meta está redirigiendo recursos hacia una ambiciosa agenda de inteligencia artificial, con inversiones previstas de hasta 145.000 millones de dólares este año, casi el doble que el ejercicio anterior.

Desde la óptica de analistas legales en Washington, el caso adquiere relevancia porque es el primero de gran envergadura contra una corporación estadounidense por el presunto uso de IA en despidos. La demanda invoca la doctrina de “impacto desproporcionado” (disparate impact), según la cual políticas en apariencia neutrales pueden resultar discriminatorias si perjudican de manera desmedida a un grupo protegido. Esta figura ha sido objeto de controversia: la administración Trump ordenó a las agencias federales que dejaran de priorizar su aplicación, con el argumento de que socava la meritocracia. Sin embargo, la acción contra Meta evidencia que las empresas siguen expuestas a litigios por impacto desproporcionado, sobre todo en estados como California y Nueva York, que cuentan con regulaciones propias contra la discriminación algorítmica.

Los 26 empleados, procedentes de seis estados y del Distrito de Columbia, solicitaron una medida cautelar para bloquear los despidos mientras sus reclamaciones se resuelven mediante arbitraje privado, tal como estipulan los contratos de Meta. La vista judicial podría sentar un precedente sobre los límites de la inteligencia artificial en las decisiones de recursos humanos, justo cuando el sector tecnológico acelera la integración de estas herramientas en sus procesos internos.