En el estado brasileño de Acre, un hombre de 31 años fue capturado en una zona rural de difícil acceso tras ser condenado a 57 años, 5 meses y 21 días de prisión por violar a su hija y a su hijastra, de 12 y 9 años, durante un año y medio. La sentencia, dictada por la Vara Criminal de Feijó, incluye una indemnización de 50.000 reales para cada víctima y se agravó porque una de las menores quedó embarazada, hecho confirmado por prueba de ADN. El Ministerio Público anunció que recurrirá para aumentar la pena.

En Suecia, un tribunal de Linköping condenó a un hombre a seis años de cárcel por cuatro casos de violación contra menores, uno de ellos ocurrido en un hotel de Motala con una adolescente que, por su vulnerabilidad psíquica, fue considerada incapaz de consentir. Medios locales indican que la pena fue posteriormente reducida, aunque no se han precisado los fundamentos de la revisión. El condenado deberá pagar además 710.000 coronas suecas en concepto de daños.

En Italia, tres episodios recientes reflejan distintos estadios judiciales. En Rimini, una turista de 23 años denunció haber sido agredida sexualmente en un residence por un joven extranjero; la investigación está en fase preliminar y la víctima presenta recuerdos confusos, según fuentes policiales. En Viareggio, un ciudadano rumano de 31 años fue detenido acusado de secuestrar a una pareja, amenazarla con cuchillos y abusar de la mujer durante más de dos horas; el hombre quedó en prisión preventiva. En Milán, un joven de 22 años investigado por violar a una menor de 16 años que conoció por Instagram recibió una medida cautelar de obligación de permanencia domiciliaria nocturna, pese a que la fiscalía había solicitado la prisión.

En Georgia, la agresión a una turista rusa en un hotel de Kajetia derivó en un debate con connotaciones nacionales. El agresor, identificado como Giorgi Chigladze, fue detenido tras golpear a Alena Nesteriuk y romperle la nariz, pero una marcha espontánea en su apoyo generó controversia. Mientras fuentes rusas citan a un diputado que restó importancia al hecho calificándolo de malentendido entre personas ebrias, analistas georgianos debaten si el trasfondo fue un conflicto doméstico o un choque por el idioma. Las autoridades locales mantienen abierta la investigación. Los casos, sin conexión entre sí, ilustran respuestas institucionales dispares: condenas ejemplares en América Latina, criterios divergentes sobre medidas cautelares en Europa y tensiones geopolíticas que añaden complejidad en el Cáucaso.