El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destruir un puente o una central eléctrica en Irán —incluso en Teherán— por cada ataque que la República Islámica lance contra buques en el estrecho de Ormuz. La declaración, difundida en su red Truth Social, provocó una inmediata escalada en los mercados energéticos: el barril de Brent superó los 95 dólares, su nivel más alto en seis semanas, ante el temor a interrupciones en una vía por la que transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Desde Teherán, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, respondió con la doctrina de “ojo por ojo” y el mando militar conjunto advirtió que cualquier agresión contra su infraestructura desencadenaría ataques contra instalaciones petroleras, gasísticas y eléctricas en toda la región, además de impedir “la exportación de una sola gota de crudo”.

Washington mantiene un doble discurso. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en Manila que la vía diplomática sigue abierta, aunque acusó a Irán de no tomarla en serio. Trump, por su parte, aseguró en un mitin en Georgia que el gobierno iraní “no está listo” para un acuerdo nuclear y prometió golpear “con mucha fuerza” el programa atómico, señalando el complejo subterráneo de Kuhe Kolang, cerca de Natanz, como posible objetivo. El Pentágono cifró el costo de la guerra en 37.500 millones de dólares y solicitó 67.000 millones adicionales al Congreso, mientras la opinión pública estadounidense muestra creciente malestar por el alza de los combustibles a las puertas de las elecciones legislativas de noviembre. En paralelo, el presidente asistió a la ceremonia de repatriación de cuatro militares fallecidos en ataques recientes en Oriente Medio, un gesto que, según analistas en Washington, busca contener el desgaste político interno.

La crisis desborda el estrecho de Ormuz. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, amenazaron con bloquear el paso de Bab el-Mandeb a los buques saudíes, lo que obligó a varios petroleros a desviar su ruta en el mar Rojo y puso en alerta a Riad, que había redirigido exportaciones hacia su terminal de Yanbu para esquivar el bloqueo iraní. Desde las capitales del Golfo, gobiernos como el saudí y el emiratí presionan por una salida negociada, aunque un funcionario árabe admitió que las posibilidades de desescalada parecen cada vez más remotas. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó de “inaceptables” los ataques contra infraestructura civil, un recordatorio de que el derecho internacional humanitario limita ese tipo de objetivos, en un conflicto que, según fuentes sanitarias iraníes, ha dejado al menos 53 civiles muertos y 592 heridos desde finales de junio.

El enfrentamiento, desencadenado a finales de febrero por una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, vivió una breve tregua en abril y un protocolo de acuerdo en junio que nunca llegó a consolidarse. La reanudación de las hostilidades el 7 de julio devolvió el control del estrecho al centro de la disputa: Irán exige el pago de peajes y restringe la navegación a un corredor costero, mientras Washington insiste en que no permitirá que un Estado cierre una ruta marítima internacional. Por undécima noche consecutiva, la aviación estadounidense bombardeó objetivos militares iraníes, incluida la isla de Larak, en pleno estrecho. Con los contactos indirectos estancados y la economía global bajo presión, el dossier queda abierto a una nueva fase de escalada que, desde la óptica de Bruselas y de las capitales latinoamericanas importadoras de crudo, amenaza con prolongar la volatilidad de los precios y la inseguridad en las cadenas de suministro energético.