En una autopista de Canberra, un conductor recibió una fotografía oficial que mostraba su mano abierta desplazándose de la palanca de cambios al volante de un Kia Cerato manual. El sistema de inteligencia artificial que vigila las vías lo había identificado como un infractor: sostenía un teléfono móvil, según la máquina. La multa ascendía a 548 dólares y tres puntos de demérito. Su padre, un exfuncionario con experiencia en inteligencia artificial, examinó las imágenes y detectó una ilusión óptica: la textura del asiento y la posición de los dedos no correspondían a un agarre. Pese a recrear la escena y presentar pruebas, la familia lleva seis meses apelando sin éxito. El caso no es aislado: en la misma ciudad, otros conductores han sido sancionados por sostener un roll de sushi o una billetera, objetos que el algoritmo interpreta como dispositivos.

El episodio australiano condensa una paradoja que se extiende por geografías y ámbitos diversos. En Argentina, once jurisdicciones han avanzado con regulaciones para limitar el uso de celulares en las escuelas, mientras la Ciudad de Córdoba promulgó una ordenanza que obliga a los establecimientos municipales de nivel inicial y primario a mantener los teléfonos apagados y fuera del alcance de los alumnos a partir del 15 de agosto. La norma, que contempla excepciones por salud, emergencias o fines pedagógicos, dialoga con un dato revelador: el 59% de los estudiantes de tercer grado ya posee un dispositivo propio, según el informe “Celulares: ¿prohibir o no prohibir?” de la ONG Argentinos por la Educación. El mismo estudio, basado en el operativo Aprender 2024, muestra que las restricciones reducen las distracciones en el aula, pero la evidencia internacional sobre mejoras en el rendimiento académico es, en palabras de los autores, “dispar” y de efectos “moderados o nulos”.

Desde la óptica de especialistas en Buenos Aires, la prohibición no resuelve por sí sola los problemas de aprendizaje, aunque sí devuelve a los chicos una cierta desconexión que muchos docentes valoran. En la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito ha intensificado las sanciones contra quienes manipulan celulares o reproducen música a alto volumen mientras conducen, con multas que pueden superar los 4.000 pesos y puntos en la licencia. La norma, que no distingue entre un automóvil y una motocicleta, busca eliminar distracciones al volante, pero su aplicación estricta recuerda al automatismo de las cámaras australianas: toda manipulación debe hacerse con el vehículo detenido, sin matices.

La tensión entre la regla y la realidad se manifiesta también en otros sistemas que aspiran a proteger. En Montreal, un juez dejó en libertad bajo fianza a Omar Abdul Singateh, quien había confesado haber torturado a un hombre para robarle criptomonedas, con condiciones como arresto domiciliario nocturno y tobillera electrónica. Semanas después, Singateh fue arrestado en Toronto tras un tiroteo y el secuestro de un vehículo con pasajeros. La decisión judicial, que para un magistrado retirado consultado resulta “un caso embarazoso”, ilustra cómo un protocolo de excarcelación puede volverse una coartada burocrática cuando se ignoran los indicios de peligrosidad. La imagen que perdura es la de una mano abierta, congelada en una fotografía que un algoritmo leyó como amenaza, mientras un padre reconstruye el gesto inocente en el garaje de su casa, intentando demostrar que no todo lo que una máquina ve es cierto.