China ha puesto en marcha de forma simultánea una ley de unidad étnica con cláusulas de aplicación fuera de sus fronteras y una ofensiva jurídico-operativa en el mar del Este de Taiwán, lo que ha generado reacciones críticas de Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias occidentales. La nueva normativa, en vigor desde el miércoles, establece el principio de una “identidad nacional compartida” para las 55 minorías étnicas reconocidas y, según el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, permite exigir responsabilidades legales a personas y grupos más allá de las fronteras de la República Popular por actos que “socaven la unidad y el progreso étnicos o inciten al separatismo”. De forma paralela, el Ministerio de Recursos Naturales emitió un dictamen que califica de “hecho internacionalmente ilícito” las conversaciones anunciadas por Japón y Filipinas para delimitar sus zonas económicas exclusivas y plataformas continentales en aguas que Pekín considera propias, al solaparse con sus reclamaciones en torno a Taiwán.

Desde la óptica de Pekín, ambas iniciativas forman parte de un esfuerzo por consolidar la soberanía nacional y prevenir injerencias externas. El portavoz de la cancillería, Guo Jiakun, sostuvo que la ley étnica protege los derechos de todas las minorías y acusó a ciertos países de “difamación maliciosa” y de manipular políticamente la cuestión étnica. En el ámbito marítimo, el dictamen del Instituto de Asuntos Marinos chino argumenta que las negociaciones bilaterales entre Tokio y Manila ignoran la pertenencia de Taiwán a China y violan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, además de advertir a terceras potencias sobre los “riesgos políticos” de reconocer o asistir esas conversaciones. En paralelo, medios estatales chinos describieron las recientes patrullas de la guardia costera al este de Taiwán —donde se inspeccionaron 198 buques y se “rectificó” a tres— como una demostración de “gobernanza de aguas cercanas”, una estrategia que, según la televisión central CCTV, extiende la jurisdicción china más allá del estrecho y trata esas aguas como litoral propio.

Las reacciones desde las capitales occidentales y asiáticas no se hicieron esperar. Washington calificó las acciones de Pekín de “profundamente desestabilizadoras” y rechazó cualquier pretensión china de interferir en la libertad de navegación. La Unión Europea, por su parte, había expresado previamente su preocupación por la nueva ley étnica, a lo que Pekín respondió acusando a Bruselas de injerencia. Londres, París y Berlín emitieron una declaración conjunta inusual en la que exigieron que se garanticen los derechos de navegación y la seguridad de los marinos. Australia, a través de su Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, confirmó haber trasladado su inquietud directamente a funcionarios chinos, subrayando su interés en la estabilidad y el libre comercio en la región. Mientras tanto, un informe del centro de estudios SCSPI, con sede en Pekín, detalla que Estados Unidos está ampliando su red de bases militares en Filipinas en el marco del Acuerdo de Cooperación Reforzada en Defensa (EDCA), con el objetivo de transformar el archipiélago en un “centro avanzado” para operaciones de disuasión en el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán, aunque el mismo análisis reconoce que las infraestructuras avanzan con lentitud y tendrían una utilidad limitada en un conflicto de alta intensidad.

El estado del expediente apunta a una superposición de tensiones legales, operativas y militares sin vías inmediatas de distensión. Tokio y Manila defienden su derecho a negociar sus fronteras marítimas como estados ribereños, mientras que Taipéi ha ordenado a sus buques ignorar las demandas de inspección chinas y ha advertido de que su guardia costera intervendrá si es necesario. El dictamen chino, además, prohíbe expresamente introducir a las “autoridades de Taiwán” en el proceso de delimitación, so pena de una “provocación grave” contra el principio de una sola China. Las conversaciones entre Japón y Filipinas siguen su curso, y Pekín ha anunciado que continuará sus patrullas de control del tráfico marítimo en la zona, mientras que la expansión de la presencia militar estadounidense en Filipinas, aunque aún incompleta, añade un factor de fricción estratégica que, según el SCSPI, busca contener la influencia china en tiempos de paz sin configurar por ahora una plataforma de conflicto plenamente operativa.