La Comisión Europea presentó el viernes una reforma del régimen de comercio de derechos de emisión (ETS) que reduce el ritmo de recorte del límite máximo de emisiones. A partir de 2031, el factor de reducción lineal pasará del 4,4 % actual al 3,7 %, y caerá al 1,7 % en 2036. Al mismo tiempo, las asignaciones gratuitas para la industria pesada se extenderán hasta 2038, cuatro años más de lo previsto, aunque condicionadas a que las empresas inviertan el valor equivalente en proyectos de descarbonización en suelo europeo. El precio del carbono, que ronda los 80 euros por tonelada, podría así aumentar de forma más gradual, aliviando la presión de costes sobre sectores como el acero, el cemento o los fertilizantes.

El mecanismo, vigente desde 2005, obliga a las instalaciones industriales y energéticas a adquirir permisos por cada tonelada de CO₂ emitida. La reducción anual del número de derechos disponibles ha sido el principal motor para encarecer las emisiones y estimular las inversiones limpias. La propuesta introduce además una condicionalidad sin precedentes: el 80 % de los derechos gratuitos se entregará por adelantado a las compañías que presenten planes de descarbonización aprobados por sus consejos de administración, y el 20 % restante se liberará tras verificar las inversiones. Bruselas exige asimismo que los Estados miembros reinviertan al menos la mitad de los ingresos del ETS en los sectores regulados, frente al escaso 5 % actual. El sistema se ampliará a la incineración de residuos, a buques más pequeños y a los vuelos que partan de la UE hacia destinos situados a menos de 5.000 kilómetros.

La revisión responde a la presión ejercida por gobiernos como el italiano y el polaco, que consideraban el ETS una carga excesiva para su tejido industrial. En el extremo opuesto, los países nórdicos y España advirtieron de que suavizar el sistema castiga a quienes invirtieron tempranamente en tecnologías limpias. Las siderúrgicas suecas SSAB y Stegra, que han comprometido más de 12.000 millones de euros en acero verde basado en hidrógeno, habían calibrado sus planes de negocio sobre una senda alcista del precio del carbono. La patronal italiana Confindustria calificó los cambios de “insuficientes”, mientras que eurodiputados verdes alemanes denunciaron una “licencia para contaminar más tiempo”. La Comisión sostiene que la nueva trayectoria es compatible con la meta de reducir las emisiones un 90 % en 2040.

El expediente inicia ahora un recorrido legislativo que se prevé de varios meses. El Parlamento Europeo y el Consejo deberán negociar un texto de compromiso, en un contexto de fuertes divisiones entre los Estados miembros. Las primeras reuniones de trílogo se esperan para el otoño, y el resultado definirá el equilibrio entre competitividad industrial y credibilidad climática de la Unión.