El Tribunal del Distrito de Tverskói, en Moscú, ordenó el 19 de junio la prisión preventiva de Mijaíl Poluboyárinov, exdirector general de la aerolínea estatal Aeroflot, por presunto abuso de poderes oficiales (artículo 285, parte 3, del Código Penal ruso). Los detalles concretos de la acusación no han sido revelados por las autoridades judiciales. Sin embargo, fuentes cercanas al caso citadas por los diarios económicos Vedomosti y Kommersant, así como por el medio independiente Mediazona, indican que la investigación se remonta a la etapa de Poluboyárinov en la corporación estatal de desarrollo VEB.RF, donde trabajó entre 2009 y 2019. El episodio bajo escrutinio habría tenido lugar en 2016, durante los procesos de saneamiento de entidades financieras en crisis, en particular del banco Svyaz-Bank, cuyo consejo de administración presidía el ahora detenido.

La detención se produce apenas dos meses después de que el mismo tribunal impusiera arresto domiciliario a Artiom Dovlátov, vicepresidente en funciones de VEB.RF, por cargos idénticos. Según las informaciones recabadas por la prensa rusa, el caso Dovlátov está relacionado con decisiones unilaterales adoptadas durante aquella reestructuración bancaria, que supuso una inyección de más de 212 mil millones de rublos por parte del Banco Central a través de VEB.RF. La corporación estatal Rostec, donde Poluboyárinov ocupa desde 2023 un alto cargo directivo en una de sus filiales, declinó hacer comentarios sobre el arresto. Desde la óptica de Bruselas, el episodio añade un nuevo capítulo a la trayectoria de un directivo que abandonó Aeroflot en marzo de 2022, inmediatamente después de que la Unión Europea le impusiera sanciones personales en el marco de la respuesta al conflicto en Ucrania.

Analistas en Moscú y medios independientes rusos en el exilio interpretan la sucesión de arrestos como un posible indicio de depuración interna en las altas esferas de las corporaciones estatales, ya sea por disputas entre élites o por una voluntad del Kremlin de exhibir control sobre la gestión financiera de la década pasada. La opacidad que envuelve el proceso —sin comunicados oficiales del Ministerio del Interior ni del comité de instrucción— alimenta la incertidumbre sobre su verdadero alcance. Para observadores en América Latina, el recurso a causas penales contra exejecutivos de empresas públicas evoca patrones de ajuste de cuentas políticos en economías con fuerte presencia estatal, aunque en este caso no existen, por el momento, elementos que confirmen una motivación distinta a la investigación de presuntas irregularidades financieras.

Poluboyárinov, quien en 2020 figuró en la lista Forbes de los cien funcionarios rusos con mayores ingresos, inició su carrera en Aeroflot como director financiero, pasó luego a VEB.RF y regresó a la aerolínea como director general en noviembre de 2020. Su salida, dos años después, fue atribuida oficialmente a la incapacidad de trabajar «bajo condiciones de estrés», aunque el propio ejecutivo declaró entonces a Forbes que la causa fue la imposibilidad de desarrollar rutas internacionales tras las sanciones. El sumario se encuentra en fase preliminar y no se han anunciado nuevas comparecencias judiciales. La evolución del caso Dovlátov y la eventual ampliación de la investigación a otros exresponsables de VEB.RF marcarán los próximos pasos de un expediente que pone bajo la lupa las operaciones de saneamiento bancario realizadas con fondos públicos.