El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado un paquete de medidas que modifican dos pilares del contrato social del país: la facilidad para justificar una ausencia laboral por enfermedad y el acceso ciudadano a documentos oficiales. A partir de enero del próximo año, los trabajadores ya no podrán obtener un certificado médico por teléfono y deberán consultar a un facultativo presencialmente desde el primer día de baja, una práctica que durante la pandemia se flexibilizó para aliviar la presión asistencial. En paralelo, la coalición de gobierno planea reformar la Ley de Libertad de Información para que solo ciudadanos alemanes o de la UE que demuestren un “interés legítimo” puedan solicitar datos a las autoridades federales, excluyendo a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales.

La justificación oficial vincula ambas iniciativas con la necesidad de recuperar competitividad y reducir burocracia. Desde la óptica del ejecutivo en Berlín, el elevado absentismo —una media de 19,5 días laborables al año según el IGES Institut, frente a los 13 de 2018— lastra la productividad en un contexto de estancamiento económico, costes energéticos elevados y creciente presión de China. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, ha sugerido que el sistema actual incentiva ausencias no justificadas. Sin embargo, analistas del Instituto de Investigación sobre el Empleo de Núremberg señalan que los estudios disponibles no muestran que los certificados telefónicos hayan aumentado las bajas, y advierten que la nueva exigencia saturará las consultas médicas sin un beneficio económico demostrable.

La reforma sanitaria ha encontrado una resistencia transversal. La oposición verde, a través de su portavoz Janosch Dahmen, denuncia que se envía a millones de pacientes adicionales a los consultorios para meros trámites administrativos mientras se asfixia el sistema con políticas de austeridad. La Alianza Libre de Asociaciones de Médicos de Seguros de Salud Obligatorios califica la medida de “desastre absoluto” para la atención primaria. En el ámbito de la transparencia, una carta abierta suscrita por 110 organizaciones, entre ellas la sección alemana de Transparencia Internacional y la asociación de periodistas DJV, advierte que la restricción informativa eliminará una herramienta clave contra la corrupción y debilitará la confianza en la política, al negar el acceso a millones de residentes no comunitarios y a entidades de la sociedad civil.

El calendario parlamentario añade tensión. La reforma del seguro de enfermedad, impulsada por la ministra Nina Warken, debía votarse el viernes antes del receso estival, pero los Verdes han bloqueado el trámite al considerar que los 278 folios de enmiendas presentados de madrugada no pueden analizarse con seriedad. La presidenta del grupo parlamentario verde, Irene Mihalic, ha exigido una segunda audiencia de expertos, recordando el precedente de 2023, cuando el Tribunal Constitucional frenó la aprobación exprés de la ley de calefacción por vulnerar los derechos de los diputados. El ministerio de Sanidad se muestra optimista, pero la disputa procedimental deja en el aire el calendario legislativo.

El debate trasciende las fronteras alemanas. Mientras en España la baja médica exige certificado presencial desde el primer día y el promedio de ausencias alcanza las cinco semanas anuales, en Alemania la cifra se sitúa en tres semanas, según la OCDE. La comparación subraya que el diagnóstico del problema económico no es unívoco. El próximo hito será la reanudación de la actividad parlamentaria tras el verano, cuando se sabrá si el gobierno logra los apoyos necesarios o si, como advierten juristas y asociaciones médicas, el intento de acelerar las reformas choca con los límites constitucionales y la realidad de unas consultas ya tensionadas.