El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, promulgó este martes una reforma constitucional que extiende el mandato presidencial de cinco a siete años y transfiere al Parlamento la facultad de designar al jefe de Estado, eliminando así la elección directa vigente desde 1987. La medida, calificada por la oposición como un “golpe constitucional”, permite al mandatario de 83 años permanecer en el poder hasta 2030 y consolida el control del partido gobernante ZANU-PF, según denuncian abogados y activistas prodemocráticos en Harare. Casi en simultáneo, el Tribunal Constitucional de Kazajistán dictaminó que la entrada en vigor de la nueva Carta Magna —aprobada en referendo en marzo de 2026— reinicia el cómputo de los períodos presidenciales, lo que habilita a Kasim-Yomart Tokáyev, de 73 años, a presentarse para un nuevo septenio en 2029 y eventualmente gobernar hasta 2036.

Desde la óptica de Bruselas y Washington, estas modificaciones se inscriben en un patrón de ingeniería constitucional que varios Estados postsoviéticos y africanos han utilizado para prolongar la permanencia de sus líderes. Analistas en capitales europeas observan que tanto Zimbabue como Kazajistán replican mecanismos ya ensayados en Rusia, Bielorrusia, Uzbekistán y Tayikistán, donde reformas a la ley fundamental han reforzado las facultades del Ejecutivo y difuminado los límites temporales del poder. En el caso kazajo, la nueva Constitución amplía las atribuciones presidenciales —incluida la restauración de la vicepresidencia y la creación de un Consejo Popular designado por el mandatario— al tiempo que reduce el Parlamento a una sola cámara, lo que, según fuentes diplomáticas occidentales, concentra aún más la toma de decisiones en la figura de Tokáyev.

En el Cáucaso Sur, el debate constitucional adquiere un signo inverso. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyán, impulsa una reforma que elimine del preámbulo de la Constitución la referencia a la reunificación con Nagorno Karabaj, enclave que Bakú recuperó por la fuerza en 2023 y cuya soberanía azerbaiyana fue reconocida en el acuerdo marco firmado en Washington en agosto de 2025. Desde la perspectiva de Yereván, la enmienda busca blindar el acercamiento a Occidente y los proyectos de conectividad como el “Corredor Medio” frente a una eventual restauración de gobiernos afines a Moscú. Sin embargo, círculos nacionalistas armenios y sectores de la diáspora —con respaldo de oligarcas vinculados a Rusia, según investigaciones de inteligencia occidentales— consideran la iniciativa una cesión inadmisible y anticipan una movilización intensa de cara al referendo previsto para 2027.

La confluencia de estos procesos revela, a juicio de observadores en América Latina, cómo la arquitectura constitucional se ha convertido en un campo de disputa geopolítica. Mientras que en Zimbabue y Kazajistán las reformas apuntalan liderazgos de larga data sin alternancia visible, en Armenia el cambio normativo se presenta como condición para anclar un realineamiento estratégico. En los tres casos, la legitimidad de los procedimientos está cuestionada: la oposición zimbabuense denuncia torturas y secuestros de activistas, el referendo kazajo fue aprobado con más del 87 % de los votos en un contexto de escasa competencia política, y el oficialismo armenio deberá enfrentar un electorado polarizado tras las elecciones de junio. Los próximos pasos incluyen la aplicación inmediata de la ley en Zimbabue, las elecciones parlamentarias kazajas del 23 de agosto y la preparación del terreno para la consulta constitucional en Armenia, cuyo resultado definirá la durabilidad del actual equilibrio en el Cáucaso.