Un niño de 18 meses fue declarado muerto en un hospital de Gilbert, Arizona, tras sufrir un casi ahogamiento en la piscina de su casa, pero fue encontrado con vida en la morgue del centro médico casi seis horas después. El episodio ocurrió el 8 de febrero, durante una reunión para ver el Super Bowl, y ha motivado una investigación de la Fiscalía del condado de Maricopa tanto sobre las circunstancias del accidente como sobre la conducta del personal sanitario.

Según el informe policial difundido por medios estadounidenses, el menor, identificado por la familia como Vincent Lorenzo Fiordilino, fue hallado flotando boca abajo en la piscina y trasladado de urgencia al Mercy Gilbert Medical Center. A las 18:20, el doctor A. Toosi declaró oficialmente su muerte y pidió un minuto de silencio. Sin embargo, los padres y varios agentes presentes afirmaron haber percibido bocanadas de aire en el niño, lo que el equipo médico atribuyó a una “respiración agónica” sin significado vital. El cuerpo fue llevado a la morgue a las 19:23, y no fue hasta las 23:52, cuando el personal forense acudió a retirarlo, que se constató que el pequeño seguía respirando. Fue entonces trasladado en helicóptero al Hospital de Niños de Phoenix, donde permanece con asistencia respiratoria y bajo monitoreo intensivo.

La investigación policial ha recomendado imputar a los padres por abuso infantil, ya que ambos admitieron haber consumido marihuana esa mañana y, según el reporte, podrían haber estado bajo sus efectos mientras el niño accedió a la piscina sin supervisión. Paralelamente, la actuación del doctor Toosi está bajo escrutinio: el informe recoge que, al ser cuestionado por un agente, el médico respondió que “fue a la facultad de medicina por una razón” y pidió que le dejaran hacer su trabajo. El hospital, en un comunicado, calificó el caso de “desgarrador” y aseguró haber revisado todos los protocolos para introducir mejoras, aunque no ha detallado las conclusiones.

Fuentes cercanas a la familia, a través de una campaña de recaudación de fondos, indican que el menor no sufrió daño cerebral grave, pero requerirá terapia y controles prolongados. La Fiscalía no ha presentado cargos hasta el momento contra los padres ni contra el facultativo, mientras los abogados de ambas partes han declinado hacer declaraciones sustanciales alegando la investigación en curso. El caso ha reavivado el debate sobre los protocolos de declaración de muerte en emergencias pediátricas, aunque las autoridades sanitarias no se han pronunciado oficialmente al respecto.