El 1 de julio, el gobierno de Estados Unidos decidió no renovar el T-MEC en su forma actual, activando el mecanismo previsto en el artículo 34.7 del tratado: el acuerdo permanece en vigor, pero a partir de ahora será sometido a revisiones anuales durante los próximos diez años, hasta 2036. La comunicación anticipada del secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y de su equipo evitó sobresaltos en los mercados; el tipo de cambio peso-dólar apenas registró movimientos la semana pasada. La decisión, aunque esperada, descartó el peor escenario —una salida unilateral— y mantiene la arquitectura legal del comercio norteamericano sin cambios inmediatos.

Sin embargo, la prolongación de la incertidumbre pesa sobre las perspectivas económicas. Desde Nueva York, la calificadora S&P Global Ratings advirtió que el entorno de negociación extendida mantendrá la cautela entre los inversionistas y contribuirá a un crecimiento débil en México, con una previsión de apenas el 1 % del PIB para 2026. La agencia, que en mayo pasado revisó la perspectiva de la deuda soberana mexicana a negativa, señaló que la combinación de bajo dinamismo y rigidez presupuestaria limita la consolidación fiscal. No obstante, su escenario base asume que México conservará un acceso preferencial al mercado estadounidense, con un arancel efectivo de un solo dígito, y que es poco probable una ruptura de los profundos vínculos comerciales bilaterales.

El proceso de revisión trasciende lo estrictamente arancelario. Analistas en Washington y Ciudad de México coinciden en que la negativa estadounidense responde a objetivos geopolíticos y políticos internos: mantener la incertidumbre como herramienta de presión en temas de seguridad, migración y control de importaciones asiáticas, y capitalizar el escepticismo de una parte del electorado hacia el libre comercio de cara a las elecciones legislativas de noviembre. En respuesta, el gobierno mexicano ha intensificado la cooperación en esos frentes, lo que, según fuentes oficiales, contribuyó al tono constructivo de las conversaciones.

Desde otras latitudes, la revisión del acuerdo se observa con atención. En Ottawa, el gobierno de Mark Carney, con mayoría parlamentaria, encara las negociaciones desde una posición de mayor estabilidad y avanza en la diversificación de mercados, aunque persiste la dependencia del estadounidense. Para el sector cárnico, analistas en Brasil señalan que una eventual imposición de reglas de origen más restrictivas para México podría redirigir parte de la demanda de carne bovina de Estados Unidos hacia proveedores sudamericanos y australianos, en un contexto de baja oferta ganadera estadounidense.

El próximo hito será la reunión bilateral entre delegaciones de México y Estados Unidos prevista para la semana del 20 de julio en la capital mexicana. Marcelo Ebrard viajó a Washington para preparar esa cita, en la que se abordarán catorce temas prioritarios, entre ellos reglas de origen, cadenas de suministro y los aranceles vigentes. Mientras el tratado siga su curso sin una extensión definitiva, la certidumbre de largo plazo seguirá siendo la principal variable ausente para los agentes económicos de la región.