El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que retendrá más de mil millones de dólares en subvenciones para preparación ante emergencias a los estados que no adopten medidas de seguridad electoral como la verificación de ciudadanía de los votantes, auditorías manuales del 5 % de las papeletas y la transición a boletas de papel sin códigos QR. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) exigirá a los solicitantes que utilicen la base de datos SAVE para confirmar la nacionalidad de cada elector inscrito y que cotejen el número de votantes con el de sufragios emitidos. Según la administración, estas condiciones buscan proteger infraestructura crítica frente a injerencias extranjeras y ciberataques.

Desde la óptica de varios gobernadores demócratas, la medida representa una extralimitación federal. El secretario de la Mancomunidad de Pensilvania, Al Schmidt, calificó la recolección masiva de datos como un intento de expandir el papel de Washington en los comicios, postura que respaldó una jueza federal de Pittsburgh al bloquear una demanda del Departamento de Justicia que exigía registros electorales con números de seguridad social. Paralelamente, el vicepresidente JD Vance encabeza un grupo de trabajo contra el fraude en programas sociales y ha acusado a los demócratas de ser un “partido pro-fraude”, al tiempo que el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, sostuvo que la negativa de estados gobernados por demócratas a entregar datos de beneficiarios del SNAP equivale a “proteger a los defraudadores”.

La ofensiva se extiende al sistema de visas H-1B para profesionales altamente cualificados. El gobierno impuso una tarifa de 100.000 dólares para nuevas solicitudes y el Departamento de Trabajo inició decenas de investigaciones y citaciones contra entidades acusadas de usar el programa para reducir salarios. Vance afirmó que “los empleos estadounidenses deben ser para trabajadores estadounidenses, no para estafadores extranjeros”. Analistas en Nueva Delhi observan con preocupación el endurecimiento, dado que ciudadanos indios constituyen la mayor proporción de titulares de estas visas, especialmente en los sectores tecnológico y de ingeniería. La tensión se agravó tras conocerse que Microsoft, sexto mayor beneficiario del programa, despidió a 1.600 empleados de su división XBOX poco después de recibir autorización para contratar a más de 2.200 trabajadores extranjeros con visa H-1B, lo que llevó al congresista republicano Riley Moore a pedir el fin del sistema.

En el plano judicial, un tribunal federal anuló la orden ejecutiva que imponía la tarifa de 100.000 dólares por considerarla un impuesto que solo el Congreso puede crear. Mientras, la administración defiende sus acciones como parte de una lucha más amplia contra el despilfarro y el fraude que, según Ferguson, ya ha destapado “decenas de miles de millones de dólares” en irregularidades. El debate se perfila como uno de los ejes de la campaña para las elecciones legislativas de 2026, con los republicanos impulsando la Ley SAVE America para exigir identificación con fotografía a nivel federal y los demócratas denunciando tácticas de supresión del voto. Se espera que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes retome las audiencias sobre la iniciativa en las próximas semanas.