El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este lunes un informe de cien páginas titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, en el que acusa al gobierno de La Habana de haber orquestado durante más de seis décadas una campaña de “subversión, espionaje y sabotaje” contra Washington. El documento sostiene que la isla infiltró “los más altos niveles del gobierno estadounidense”, reclutó a generaciones de activistas y respaldó una “ola sin precedentes de terrorismo de izquierda en suelo americano”. Asimismo, señala que Cuba funciona como una plataforma de inteligencia para China, Rusia e Irán, países que, según el informe, han triplicado su personal de espionaje en la isla desde 2023 y utilizan sus instalaciones como puestos de escucha avanzados frente a las costas de Florida.

La administración Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio —hijo de exiliados cubanos y firme defensor de la línea dura— al frente, presenta el informe como una revelación de la “historia completa” de las operaciones encubiertas cubanas. Rubio afirmó que el régimen de La Habana ha sido “el principal patrocinador del radicalismo de izquierda y del tercermundismo en Estados Unidos”. El texto menciona explícitamente a organizaciones como los Socialistas Democráticos de América (DSA) y a figuras como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, o el expresidente colombiano Gustavo Petro, de quien recuerda su militancia en la guerrilla del M-19, grupo que, según el Departamento de Estado, recibió entrenamiento y respaldo cubano durante la Guerra Fría. Desde La Habana, el gobierno de Miguel Díaz-Canel rechazó las acusaciones y denunció que Washington utiliza este tipo de informes para justificar el endurecimiento de su política y “acelerar la carrera armamentista global”.

Analistas en Europa y América Latina observan que el informe, pese a su tono de denuncia, contiene escasa información nueva. Los casos de espionaje que cita —como los de Ana Montes, condenada por espiar para Cuba desde el Pentágono, o la red “Avispa” desarticulada en los años noventa— son ampliamente conocidos. Sin embargo, su publicación coincide con una escalada de presión sin precedentes sobre la isla: un embargo petrolero de facto que ha provocado tres apagones nacionales en seis meses, nuevas sanciones contra empresas estatales y la advertencia reiterada de Donald Trump de que “Cuba es la siguiente”, tras la intervención militar estadounidense en Venezuela que facilitó la captura de Nicolás Maduro. En este contexto, el documento es interpretado por fuentes diplomáticas en Bruselas como un instrumento para legitimar una posible ofensiva mayor y para vincular a la oposición progresista interna con una amenaza externa.

El informe dedica capítulos enteros a detallar la cooperación de Cuba con actores extrahemisféricos. Afirma que Pekín opera tres de las dieciocho instalaciones de inteligencia de señales identificadas en la isla y que tanto China como Rusia consideran esos centros como sus “puestos de escucha más críticos” en el extranjero. También acusa a Teherán de utilizar las redes cubanas para proyectar su influencia en América Latina y recuerda operaciones atribuidas a Hezbolá en la región. La publicación del documento no incluye por ahora nuevas medidas punitivas, pero se produce días después de que Rubio encabezara una reunión ministerial con 66 países para combatir el “terrorismo de extrema izquierda”, y mientras el Departamento de Justicia evalúa una posible imputación contra el expresidente cubano Raúl Castro. La próxima votación en el Congreso estadounidense sobre nuevas restricciones comerciales podría definir el alcance inmediato de esta ofensiva diplomática.