La reunión del consejo de supervisión de Volkswagen celebrada este jueves en Wolfsburgo no produjo decisiones vinculantes sobre los aspectos más controvertidos del plan de reestructuración presentado por el presidente ejecutivo, Oliver Blume. Según filtraciones recogidas por la prensa alemana, la dirección propone eliminar hasta 100.000 puestos de trabajo a escala global —el doble de lo acordado a finales de 2024— y cerrar progresivamente cuatro plantas en Alemania: Emden, Zwickau, Hannover y la factoría de Audi en Neckarsulm. La producción en estas instalaciones, que emplean a unas 40.000 personas, se extinguiría de forma escalonada entre 2029 y 2034. El órgano de control, donde los representantes de los trabajadores ostentan una mayoría temporal por una vacante en el lado accionarial, aplazó las deliberaciones sobre los puntos que requieren codecisión con el comité de empresa.

La ofensiva de ajuste responde a un cóctel de presiones externas que ha erosionado el modelo de negocio tradicional del grupo. Desde la óptica comercial, los aranceles estadounidenses impuestos en 2025 suponen un coste adicional de 5.000 millones de euros anuales, especialmente gravoso para Audi y Porsche, que carecen de fábricas en Norteamérica. En China, mercado que durante años fue el principal motor de beneficios, las ventas cayeron en 2025 a su nivel más bajo desde 2011, mientras marcas locales como BYD incrementaron sus matriculaciones en Europa un 270 % en el último año. A ello se suma un exceso de capacidad productiva en Alemania, donde las plantas operarán al 73 % de su capacidad estándar a finales de la década, según estimaciones de Mobility Global citadas por Reuters. El plan de Blume contempla también reducir a la mitad la gama de modelos —de unos 150 a aproximadamente 75— y recortar las inversiones en 50.000 millones de euros, con el objetivo de reducir la capacidad global de producción de doce a nueve millones de vehículos.

La respuesta sindical fue inmediata y contundente. El poderoso sindicato IG Metall convocó protestas en los 17 centros de producción alemanes del consorcio, incluidas las filiales Audi, Porsche y MAN. En Wolfsburg, unos 400 trabajadores marcharon con silbatos y banderas rojas tras una pancarta con el lema “gemeinsam stark” (fuertes juntos). La presidenta del comité de empresa, Daniela Cavallo, advirtió de que “los puestos de trabajo industriales corren el riesgo de desaparecer” y exigió al Gobierno federal y a los Länder una estrategia de política industrial. El estado de Baja Sajonia, que posee el 20 % de las acciones y una acción de oro con capacidad de bloqueo, se alineó con los trabajadores: la vicepresidenta del Gobierno regional, Julia Willie Hamburg, declaró que “los cierres de fábricas no son una estrategia de futuro”. Esta alianza circunstancial entre el accionariado público y los representantes laborales convierte en improbable la aprobación del plan en su formulación actual.

El desenlace de la pugna se dirimirá en sucesivas reuniones del consejo de supervisión, cuyas fechas no han sido comunicadas. La dirección defiende que la transformación es ineludible para garantizar la competitividad del grupo, mientras los sindicatos insisten en alternativas como la producción de vehículos diseñados para el mercado chino en las plantas europeas o la reconversión hacia la industria de defensa, opción que ya se explora para la fábrica de Osnabrück. El conflicto, que apenas comienza, se desarrolla en un contexto de estancamiento de la economía alemana —con un crecimiento de apenas el 0,5 % en el primer trimestre de 2026— y de intensas negociaciones comerciales entre Bruselas y Pekín para contener el déficit bilateral, que alcanza los 1.000 millones de euros diarios.