El regreso a Caracas de la exdiputada opositora Dinorah Figuera, tras casi ocho años de exilio, marcó este jueves un giro en la crisis venezolana. Invitada directamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Figuera se reunió primero con el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, y horas después con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez. El Parlamento chavista anunció la creación de una “mesa técnica y política paritaria” con una agenda de hitos y cronogramas concretos para el “fortalecimiento de la democracia”, mientras Washington subrayó que el encuentro servirá como hoja de ruta para un diálogo sobre una transición democrática.

La cita se produce en un escenario inédito: desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero pasado, Delcy Rodríguez gobierna bajo una presión constante de la Casa Blanca. Figuera, médica de 65 años y militante del partido Primero Justicia, preside desde 2023 la llamada “Asamblea Nacional legítima” electa en 2015, un órgano paralelo que Estados Unidos reconoce como la última institución democráticamente elegida en el país. Su exilio en España comenzó en 2018, cuando denunció amenazas y hostigamiento tras actuar como vocera en el caso de la muerte en prisión del concejal Fernando Albán. Al aterrizar en Maiquetía, la exdiputada se desmarcó de la líder opositora María Corina Machado —quien impulsa su propia iniciativa de negociación desde Panamá— y afirmó que asume el desafío de construir un Consejo Nacional Electoral “creíble”.

Desde la óptica de Washington, la operación diplomática busca recomponer las instituciones democráticas venezolanas y fijar garantías electorales duraderas. El secretario de Estado Marco Rubio había adelantado a principios de junio la necesidad de un nuevo comité electoral para celebrar comicios “con garantías”. La agenda pactada incluye la designación de magistrados del Tribunal Supremo y la renovación del propio Consejo Nacional Electoral, pilares que el chavismo ha utilizado históricamente para contener a la disidencia. Analistas en Madrid observan que la participación de Figuera —exiliada en España y trasladada en vehículos de la embajada estadounidense— subraya el papel de puente que la capital española ha jugado en la política venezolana, aunque también evidencia la fragmentación de una oposición que no logra unificar su estrategia negociadora.

En América Latina, el movimiento genera cautela. La región recuerda los fracasos de diálogos anteriores, como los acuerdos de Barbados de 2023, que el propio Maduro declaró “mortalmente heridos” antes de las elecciones de 2024, cuyos resultados la oposición y buena parte de la comunidad internacional desconocieron por falta de transparencia. Observadores en Ciudad de México señalan que, si bien la mesa paritaria es un gesto inédito desde la captura de Maduro, la ausencia de Machado y de otros sectores opositores mayoritarios limita la representatividad del proceso. A ello se suma la desconfianza hacia un gobierno interino que conserva el control de las fuerzas armadas y de la maquinaria judicial.

El camino hacia unos comicios creíbles dependerá, en gran medida, de la capacidad de esta incipiente mesa para traducir los cronogramas en reformas verificables. Mientras Washington insiste en una transición “estable, ordenada y consolidada”, la dirigencia chavista parece dispuesta a negociar bajo la presión de un aislamiento internacional que se ha intensificado tras la intervención militar que sacó a Maduro del poder. El desenlace de este primer paso definirá si Venezuela se encamina hacia una salida institucional o si, una vez más, el diálogo se convierte en un espejismo táctico en medio de una profunda fractura política.