La decisión unánime de las Primeras Naciones de los Tratados 6, 7 y 8 de solicitar a la Policía Montada de Canadá una investigación por traición contra la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, marca una escalada sin precedentes en el debate sobre la unidad canadiense. Los líderes indígenas sostienen que la convocatoria de un referéndum separatista para el próximo 19 de octubre constituye una violación deliberada de los tratados firmados con la Corona y un ataque a la integridad de la Confederación. Smith respondió calificando la acusación de “vergonzosa” y ajena a una democracia, mientras su jefe de gabinete comparó la medida con prácticas de “repúblicas bananeras”. Desde Ottawa, analistas constitucionales advierten que el tipo penal de traición es de difícil aplicación en este contexto, pero subrayan que la retórica refleja una fractura profunda entre el gobierno provincial y las naciones originarias, agravada por fallos judiciales que ya anularon una petición separatista por falta de consulta previa.

En contraste con la crispación política en las praderas canadienses, otros gobiernos han optado por medidas de alivio económico centradas en el consumo energético. En Colombia, la Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió una resolución que crea un programa permanente de participación activa de la demanda: los usuarios podrán ofertar reducciones voluntarias de consumo a cambio de una remuneración económica, siempre que cuenten con medidores telemedidos. La iniciativa, que recoge la experiencia de programas transitorios de 2024, cobra especial relevancia ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, que suele presionar la generación hidroeléctrica. Paralelamente, en el estado de Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul confirmó el envío de cheques únicos de entre 100 y 200 dólares a 8,5 millones de hogares como parte del programa POWER, financiado con 1.000 millones de dólares del presupuesto fiscal 2027, para compensar el alza de las tarifas de electricidad y calefacción.

Desde el Magreb, el gobierno argelino lanzó una campaña nacional bajo el lema “Racionalizar nuestra energía… garantía para nuestro futuro”, con el objetivo de arraigar una cultura de consumo responsable mediante gestos cotidianos y el acompañamiento de empresas públicas como Sonelgaz. La estrategia combina sensibilización mediática, visitas de proximidad y programas de eficiencia energética en sectores de alto potencial de ahorro. A diferencia de los incentivos económicos directos ensayados en América, Argelia apuesta por la pedagogía social y la modernización de infraestructuras para asegurar un suministro continuo durante el verano.

El pulso en Alberta, sin embargo, trasciende lo energético y revela tensiones identitarias que resuenan más allá de sus fronteras. La expulsión de cinco miembros de una comunidad tlingit en la Columbia Británica por representar un “riesgo grave para la seguridad” y las batallas legales del grupo independentista Stay Free Alberta —que recurre un fallo adverso mientras el gobierno provincial añadió su propia pregunta referendaria— dibujan un paisaje de fragmentación. Líderes indígenas como el Gran Jefe del Tratado 8, Trevor Mercredi, insisten en que no se trata de un juego: “Hay impactos reales cuando se empiezan a desgarrar tratados y la Constitución”. La negativa del ejecutivo de Smith a entablar un diálogo sustantivo, denuncian, agrava el desencuentro.

Observadores en Bruselas y Ciudad de México coinciden en que estas dinámicas ilustran dos modelos de respuesta a las crisis de legitimidad y carestía. Mientras Bogotá, Argel y Albany despliegan transferencias monetarias o estímulos a la eficiencia para reforzar el contrato social, Edmonton se enreda en una disputa soberanista que pone a prueba los mecanismos de consulta y reconciliación con los pueblos originarios. La apuesta colombiana por remunerar la flexibilidad de la demanda podría ofrecer una lección valiosa: convertir al ciudadano en agente activo del sistema eléctrico quizás resulte más constructivo que avivar divisiones sobre la pertenencia nacional. El desenlace del referéndum y la eventual intervención de la justicia federal canadiense definirán si la retórica de la traición fue un exabrupto pasajero o el síntoma de una crisis constitucional de mayor calado.