En la cumbre europea celebrada en Bruselas, 19 de los 27 Estados miembros —entre ellos Suecia, Países Bajos y los países bálticos— suscribieron una carta que insta a aplicar de forma inmediata el nuevo reglamento de retorno y a explorar la creación de «centros de retorno» en países no comunitarios. La misiva, impulsada por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y la italiana Giorgia Meloni, no fue firmada por Alemania, Francia ni España, lo que dibuja una fractura en el bloque sobre la orientación de la política migratoria común.

Según el texto difundido por fuentes diplomáticas, los firmantes sostienen que es necesario «desmantelar los modelos de negocio de los traficantes» y eliminar los incentivos para la migración irregular, garantizando el retorno de quienes no tienen derecho legal a permanecer en Europa. La carta menciona como modelo operativo la cooperación entre Italia y Albania —cuyo impacto real está aún por verificarse— y alienta a los Estados miembros que lo deseen a buscar acuerdos con terceros países, al tiempo que pide a la Comisión Europea que respalde esos esfuerzos. Desde la óptica de Roma y Copenhague, la externalización de los procedimientos de retorno constituye una «solución innovadora» que complementa el endurecimiento normativo recién aprobado.

La posición española, expresada por el presidente Pedro Sánchez durante la cena de líderes, cuestionó el enfoque restrictivo que está ganando terreno en la Unión. Sánchez defendió un modelo más orientado a la regularización y a la integración, en línea con la decisión de Madrid de normalizar la situación de aproximadamente medio millón de migrantes irregulares. Meloni replicó que, en un espacio sin fronteras internas como Schengen, las políticas nacionales de regularización producen efectos sistémicos sobre los vecinos. El intercambio, recogido por medios italianos, refleja dos bloques cada vez más distanciados: uno que prioriza los retornos, la cooperación con países de tránsito y los centros externos, y otro que insiste en vías legales y cohesión social.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha subrayado en una carta paralela que el Pacto de Migración y Asilo, plenamente en vigor desde mediados de mes, proporciona un marco coherente basado en el reparto equitativo de responsabilidades. La Comisión destaca la reducción del 40 % en los cruces fronterizos irregulares y apuesta por reforzar las alianzas con países del norte de África, en particular con Marruecos, en ámbitos que van desde el control de fronteras hasta las vías legales de movilidad. Para el otoño está prevista una propuesta para digitalizar la gestión de los expedientes de retorno y otra para actualizar el mandato de Frontex. El debate migratorio continuará en las próximas semanas, entrelazado con la negociación del marco financiero plurianual, donde también se perfilan divisiones entre quienes exigen contención presupuestaria y quienes reclaman más flexibilidad.