La publicación de que un único paciente de 79 años recibió acceso anticipado al retatrutide, un fármaco experimental de Eli Lilly para la obesidad, ha desatado una controversia en Washington. El medicamento fue concedido a través del programa de uso compasivo de la FDA, reservado para casos con enfermedades graves o potencialmente letales. La solicitud, presentada en abril por un clínico de los Institutos Nacionales de Salud, describía a un hombre con obesidad refractaria, apnea obstructiva del sueño e hipertensión pulmonar, y atrajo de inmediato la atención de altos funcionarios sanitarios, según fuentes anónimas citadas por la prensa especializada. La Casa Blanca negó de forma agresiva que el beneficiario fuera el presidente Donald Trump, quien cumplió 80 años este mes y cuyo peso ha rozado el umbral de obesidad clínica, pero inicialmente evitó dar una respuesta directa y remitió las preguntas al Departamento de Salud, lo que alimentó la especulación.

El retatrutide se encuentra en fase 3 de desarrollo clínico y actúa sobre tres receptores hormonales (GLP-1, GIP y glucagón). Los resultados del estudio TRIUMPH-1, con 2.339 adultos sin diabetes, mostraron una pérdida media de hasta el 28,3% del peso corporal tras 80 semanas, y casi la mitad de los participantes redujo más del 30%, un desempeño que, desde la óptica de especialistas brasileños, se aproxima al de la cirugía bariátrica pero sin los riesgos de un procedimiento invasivo. Los efectos adversos fueron mayoritariamente gastrointestinales y un 11% abandonó el tratamiento. El fármaco aún no ha recibido aprobación regulatoria y su llegada al mercado depende de la conclusión de los procesos de evaluación.

El episodio ha reavivado el debate sobre el acceso preferente a tratamientos experimentales. En Estados Unidos, 18 expertos en bioética y clínicos consultados consideraron inusual que se otorgara un uso compasivo a un solo paciente para obesidad, un programa típicamente destinado a cohortes más amplias. Mientras, en Europa, Eli Lilly prevé lanzar el medicamento a partir de finales de 2026, inicialmente en el mercado de pago directo, aunque buscará reembolso público donde sea posible. La política de precios de “nación más favorecida” impulsada por la administración Trump, que vincula los precios estadounidenses a los de otros países, introduce incertidumbre en esas negociaciones, según ejecutivos de la farmacéutica.

La identidad del paciente sigue sin confirmarse. El historial médico divulgado por la Casa Blanca no menciona las patologías citadas en la solicitud, y el portavoz presidencial calificó el reportaje de “especulación infundada”. El próximo hito será la decisión regulatoria sobre el retatrutide, mientras la investigación periodística y la presión pública podrían forzar una aclaración definitiva sobre quién fue el receptor de un acceso que, para muchos, sigue rodeado de privilegios.