El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles en Ankara su decisión de eliminar a Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una designación vigente desde 1979. La notificación formal al Congreso, realizada por el secretario de Estado Marco Rubio, activa un período de revisión de 45 días tras el cual la medida entrará en vigor, salvo que los legisladores la bloqueen, un escenario que fuentes en Washington consideran improbable. La decisión se comunicó durante un encuentro bilateral con el presidente interino sirio, Ahmed al-Sharaa, al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía, y se suma a una serie de pasos ejecutivos previos que ya habían desmantelado la mayor parte del régimen de sanciones económicas contra Damasco.

Desde la óptica de la administración estadounidense, la exclusión de la lista responde a los cambios políticos en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad a finales de 2024 y a las garantías formales ofrecidas por al-Sharaa de que el país no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. Rubio calificó la medida como un paso histórico que “desbloqueará el comercio y la inversión internacionales” y abrirá un nuevo capítulo para el pueblo sirio. El propio Trump elogió la labor de al-Sharaa —antiguo comandante del Frente al-Nusra, escindido de Al Qaeda en 2016— en la unificación del país y en la lucha contra el Estado Islámico. Sin embargo, la decisión se produce pese a las reservas expresadas por Israel, que ha llevado a cabo repetidos ataques aéreos en territorio sirio y considera a Damasco un adversario histórico; según analistas en Oriente Medio, la apuesta de Washington por consolidar al nuevo gobierno en Siria introduce fricciones con su aliado israelí, especialmente después de que Trump sugiriera que Siria podría asumir un papel en la contención de Hezbolá en Líbano, propuesta que al-Sharaa descartó en términos militares.

Para la economía siria, devastada por casi catorce años de conflicto, la salida de la lista negra elimina el principal impedimento legal que disuadía a las empresas extranjeras de operar en el país, al exponerlas a sanciones secundarias en el sistema financiero estadounidense. Fuentes en las capitales del Golfo señalan que varias empresas saudíes y de otros Estados de la región tienen previstos miles de millones de dólares en inversiones para la reconstrucción, y que la medida facilitará la reintegración de Siria en los circuitos bancarios internacionales. El gobernador del Banco Central sirio, Safwat Raslan, afirmó que la decisión abre “aspectos más amplios de inversión y recuperación económica”. En paralelo, la exclusión deja a Irán, Corea del Norte y Cuba como los únicos países que permanecen en la lista; la inclusión de Cuba, decidida por la propia administración Trump al final de su primer mandato, sigue siendo objeto de controversia en foros latinoamericanos y europeos.

El movimiento se inscribe en un giro estratégico más amplio de Estados Unidos hacia el compromiso con Damasco, coordinado con Turquía —anfitriona de la cumbre y valedora clave del nuevo gobierno sirio— y orientado a estabilizar el país y contrarrestar la influencia iraní en la región. La notificación al Congreso inicia ahora un trámite de 45 días durante el cual los legisladores podrían intentar bloquear la decisión, aunque una carta bipartidista reciente instaba precisamente a eliminar la designación por considerarla el último gran obstáculo para la reconstrucción. Cumplido ese plazo sin objeciones, la salida de Siria de la lista será definitiva, un desenlace que, según fuentes diplomáticas europeas, se da por descontado y que marcará el inicio formal de una nueva fase en las relaciones económicas y políticas con el país levantino.