El viernes, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para instalar letreros temporales en las aceras del Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian, gestionadas por el Servicio de Parques Nacionales. Las señales advertirán a los visitantes sobre supuesta “información inexacta” en las exposiciones y los dirigirán a recursos que la Casa Blanca considera veraces. La medida se suma a un informe del Consejo de Política Doméstica, publicado el 4 de julio, que acusa a la dirección del museo de promover una agenda ideológica de justicia social y de no presentar la historia de forma “inspiradora y unificadora”. Trump también ordena una exposición temporal externa para “corregir” los contenidos criticados.

La orden ejecutiva se apoya en un diagnóstico de 162 páginas que, según la administración republicana, revela que el Smithsonian “ya no trata la historia estadounidense como una herencia nacional compartida, sino como un instrumento político para dividir y desalentar a los ciudadanos”. Desde la Casa Blanca se afirma que la actual cúpula del museo “no es digna de confianza para contar la historia con honestidad y gratitud”. En contraste, el secretario del Smithsonian, Lonnie Bunch, y la directora del museo, Anthea Hartig, han rechazado esa caracterización y defendieron el rigor académico de las colecciones. Durante una audiencia en el Congreso esta misma semana, Hartig subrayó que el informe no refleja la totalidad del trabajo de la institución y enumeró piezas emblemáticas como el escritorio de Thomas Jefferson o el sombrero de Abraham Lincoln. Legisladores demócratas, como Melanie Stansbury, calificaron la orden de “extralimitación política” y denunciaron un intento sin precedentes de reescribir la historia estadounidense desde el poder ejecutivo.

El Smithsonian opera como un fideicomiso independiente del gobierno federal, por lo que el presidente carece de autoridad para remover a sus directivos o alterar unilateralmente las exhibiciones. De ahí que la orden se centre en los pasillos exteriores bajo competencia del Servicio de Parques. El texto instruye al secretario del Interior, Doug Burgum, y a los directores de la Oficina de Gestión y Presupuesto y de la Administración de Servicios Generales a que utilicen “todas las autoridades disponibles” para hacer cumplir sus políticas, lo que, según analistas en Washington, podría incluir presiones presupuestarias, pese a que el condicionamiento de fondos sería potencialmente ilegal. La institución recibe cerca de dos tercios de su presupuesto anual de aproximadamente mil millones de dólares de asignaciones federales.

Esta acción es el último episodio de una ofensiva más amplia contra instituciones culturales que la derecha estadounidense considera capturadas por una “ideología woke”. Trump ya había ordenado en marzo eliminar “narrativas divisivas” del Smithsonian, despidió a la directora de la Galería Nacional de Retratos y forzó cambios en el Centro Kennedy. Desde círculos europeos y latinoamericanos, la cobertura mediática ha interpretado el gesto como parte de una batalla cultural global, mientras que sectores conservadores aplauden la corrección de lo que ven como un sesgo antinacional. La instalación de los letreros no tiene fecha confirmada; el Congreso continúa sus audiencias y el Smithsonian mantiene su revisión del informe, sin indicios de modificar las muestras.