El gobierno interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, comunicó este viernes 24 de julio al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión «firme e irrevocable» de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), invocando el artículo 127 del Estatuto de Roma. La salida, que se hará efectiva tras un año de la notificación, se produce mientras la Fiscalía del tribunal mantiene una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, durante el mandato del ex presidente Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos.

Desde Caracas, el canciller Félix Plasencia justificó la medida por un «sesgo geográfico demostrado» que, según su gobierno, concentra de forma desproporcionada las actuaciones de la CPI en países africanos y latinoamericanos «en detrimento del Sur Global». En un comunicado, Plasencia sostuvo que el tribunal ha sido «instrumentalizado para profundizar las desigualdades entre los pueblos» y denunció una práctica de lawfare que perpetúa «la persecución contra el pueblo venezolano». Por su parte, la CPI —que afirmó no haber sido notificada aún formalmente— lamentó que Venezuela desee apartarse «del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad» y subrayó que la investigación en curso no se detiene por el anuncio de retiro.

La decisión tiene un peso simbólico y jurídico considerable. Aunque la denuncia no afecta la jurisdicción de la Corte sobre hechos ocurridos mientras el país era parte del Estatuto, sí eliminará a futuro la obligación de cooperar con las pesquisas. Analistas del ámbito jurídico internacional observan que la maniobra responde a una estrategia para deslegitimar el proceso y dificultar la rendición de cuentas, en un contexto donde el nuevo gobierno parece buscar un distanciamiento del legado represivo de la era Maduro sin asumir directamente las consecuencias legales. El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, ya había aprobado por unanimidad en diciembre pasado una ley que derogaba la adhesión al Estatuto, poco después de que la Fiscalía cerrase su oficina técnica en Caracas ante la falta de «progreso real» en las investigaciones internas.

La investigación de la CPI se remonta a 2018, cuando un grupo de Estados remitió la situación de Venezuela ante la Fiscalía. En 2020, el entonces fiscal Karim Khan —destituido esta misma semana por acusaciones de agresión sexual— concluyó que existían fundamentos razonables para creer que funcionarios gubernamentales y militares cometieron asesinatos, torturas y otras violaciones sistemáticas durante las protestas antigubernamentales de 2017, que dejaron al menos 125 muertos. Pese a los intentos de Caracas por frenar el caso invocando el principio de complementariedad, la Corte autorizó en 2023 la reanudación de las pesquisas, al considerar insuficientes las actuaciones de la justicia local.

Por ahora, el equipo de fiscales sigue recabando pruebas desde La Haya y la causa permanece activa. La comunidad internacional, según fuentes diplomáticas en Bruselas y Washington, sigue de cerca el proceso como un test de la capacidad del sistema de justicia penal internacional para operar incluso cuando un Estado se desvincula formalmente. Los próximos pasos incluyen la posible presentación de cargos concretos por parte de la Fiscalía, mientras el gobierno venezolano deberá decidir si coopera durante el año de transición o multiplica los obstáculos procesales.