El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció este viernes que condicionará la entrega de fondos federales para la organización de elecciones a que los estados acepten depurar sus padrones electorales mediante una base de datos migratoria. El secretario Markwayne Mullin afirmó que su dependencia ha identificado a más de 250.000 posibles no ciudadanos inscritos para votar en California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada, y advirtió que los funcionarios electorales que no colaboren podrían enfrentar multas, penalizaciones e incluso penas de prisión. La medida se conoció un día después de que el presidente Donald Trump pronunciara un discurso en horario estelar en el que insistió en la existencia de vulnerabilidades en el sistema de comicios, aunque los documentos desclasificados que presentó no demostraron manipulación de resultados.

Desde la óptica del Ejecutivo estadounidense, la iniciativa busca restaurar la confianza ciudadana mediante la verificación obligatoria de la ciudadanía de los votantes. Mullin sostuvo que el programa SAVE —una expansión de la base de datos del DHS originalmente diseñada para trámites migratorios— permitiría cotejar los registros electorales con información de la Seguridad Social y otras agencias. Sin embargo, un juez federal bloqueó recientemente ese uso de la plataforma por considerar que violaba leyes de privacidad y protección de datos. El secretario también acusó a adversarios extranjeros de tener acceso a componentes de las máquinas de votación y señaló a Irán por supuestos ciberataques a archivos estatales de votantes, sin aportar evidencia específica.

Los estados señalados rechazaron las imputaciones. El gobernador de California, Gavin Newsom, respondió con un escueto “Inténtenlo” en redes sociales y defendió la legalidad de los comicios en su estado. El secretario de Estado de Nevada, Francisco Aguilar, calificó las cifras de “altamente especulativas” y recordó que su administración ya había compartido con el DHS los protocolos de seguridad del padrón. Por su parte, el secretario de Estado de Pensilvania, Al Schmidt, subrayó que el estado cumple con todas las leyes federales y que el voto de no ciudadanos es “extremadamente raro”. Organizaciones de defensa del derecho al voto y analistas en Washington advierten que la base de datos utilizada ha generado falsos positivos al marcar como extranjeros a ciudadanos recién naturalizados, y que la exigencia de pruebas documentales de ciudadanía podría privar del sufragio a millones de electores que carecen de pasaporte o certificado de nacimiento actualizado.

La ofensiva se enmarca en un esfuerzo más amplio de la administración Trump por modificar el sistema electoral antes de las elecciones legislativas de noviembre. El presidente ha presionado al Congreso para que apruebe la ley SAVE America, que exigiría una identificación con fotografía y un comprobante de ciudadanía para votar en comicios federales, aunque la iniciativa no cuenta con los 60 votos necesarios para superar un eventual bloqueo en el Senado. En paralelo, el Departamento de Justicia ha demandado a más de una veintena de estados para obtener sus archivos de votantes, litigios que hasta ahora han sido desestimados por los tribunales. Mullin dio a los cuatro estados un plazo de dos semanas para que confirmen su disposición a colaborar, mientras el DHS anunció que continuará revisando los padrones en busca de votantes fallecidos o en situación migratoria irregular.