El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lanzó esta semana una campaña formal para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusa de librar una “guerra” jurídica contra la soberanía de Washington. La ofensiva incluye sanciones contra jueces y fiscales, la revocación de visados a funcionarios del tribunal y una presión diplomática directa sobre los 125 Estados parte para que abandonen el Estatuto de Roma. Según fuentes diplomáticas en Washington, la administración Trump considera que la CPI representa una amenaza existencial para su sistema político y jurídico, especialmente tras las investigaciones preliminares sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán y, más recientemente, por el temor a que acciones militares en el Caribe, Venezuela o Irán puedan ser objeto de escrutinio judicial internacional.

Desde la óptica de La Haya, la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, respondió el viernes —en el Día de la Justicia Penal Internacional— con un llamado a preservar la independencia del tribunal frente a “la coerción y la influencia política”. Akane admitió que el derecho internacional está sometido a una presión creciente, pero aseguró que la Corte se mantendrá firme en su misión de llevar justicia a las víctimas de los crímenes más graves. Sin embargo, analistas en Ginebra advierten que la capacidad de reacción de la CPI se ve lastrada por una crisis interna sin precedentes: el próximo 24 de julio, la Asamblea de los Estados Parte votará en Nueva York la posible destitución del fiscal jefe, Karim Khan, investigado desde hace casi dos años por acusaciones de acoso sexual a una colaboradora. El caso, que ha transitado por un laberinto administrativo en el que Suiza desempeña un papel relevante como miembro de la Mesa de la CPI, coincide temporalmente con la emisión de las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

En Bruselas, la respuesta europea es percibida como insuficiente por movimientos paneuropeos como Eumans, que denuncian la falta de una defensa contundente de la Corte y señalan a Estados miembros, entre ellos Italia, que no ejecutan las órdenes de arresto dictadas por los jueces de La Haya. En paralelo, organizaciones de la sociedad civil en Indonesia, como el Aqsa Working Group, condenan la campaña estadounidense por considerarla un intento de blindar a Israel frente a su responsabilidad penal internacional y advierten que sienta un peligroso precedente de impunidad para los autores de genocidio, crímenes de guerra y apartheid.

La CPI, creada en 2002, carece de fuerza policial propia y depende de la cooperación de los Estados para ejecutar sus mandatos. Más de un centenar de países, entre ellos varios latinoamericanos como Brasil —Estado parte del Estatuto de Roma—, mantienen acuerdos bilaterales con Washington para no entregar a ciudadanos estadounidenses al tribunal. La votación sobre la destitución del fiscal Khan se perfila como un momento definitorio: cualquiera que sea el desenlace, la confluencia de la ofensiva externa y la crisis interna amenaza, según expertos en derecho internacional consultados en Ginebra, con vaciar de eficacia al único tribunal permanente capaz de juzgar a individuos por genocidio y crímenes de lesa humanidad. El dossier queda abierto a la espera de esa decisión y de la evolución de una campaña de presión que, por ahora, no muestra signos de desescalada.