En el lapso de una semana, dos hombres —un mexicano en Houston y un colombiano en Biddeford, Maine— murieron por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante paradas de tráfico. Un tercer migrante mexicano falleció en San Agustín, Florida, atropellado por un camión mientras huía a pie de un operativo, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. Las tres víctimas compartían una circunstancia señalada por el Departamento de Seguridad Nacional: ninguna era el objetivo directo de las operaciones en las que perdió la vida.

Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años y residente en Estados Unidos desde hacía 35, conducía una camioneta con tres acompañantes rumbo a su trabajo en la construcción cuando fue baleado el 7 de julio. El ICE sostuvo que el agente disparó en defensa propia al intentar el conductor embestirlo, versión que los pasajeros —entre ellos un hermano de la víctima— rechazaron públicamente. Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años y padre de una niña de tres, recibió un disparo en la cabeza el 13 de julio al salir de su domicilio para trabajar; según el senador independiente Angus King, las autoridades federales indicaron que el joven colombiano contaba con permiso de trabajo y no era la persona buscada. La congresista republicana María Elvira Salazar calificó los procedimientos de “equivocación” y afirmó que al ICE “se les fue la mano”.

La secuencia de muertes provocó reacciones en cadena. El gobierno de México anunció la presentación de denuncias penales ante el Departamento de Justicia estadounidense y fiscalías estatales por los 18 connacionales fallecidos en custodia o en operativos del ICE, mientras la Comisión Permanente del Congreso mexicano condenó los hechos. El presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitó una acusación formal contra el agente que disparó en Maine. En paralelo, el ICE ordenó el martes una pausa temporal de las detenciones vehiculares, que el presidente Donald Trump revocó al día siguiente tras críticas de aliados de su base política, calificando las paradas de tráfico como una herramienta “necesaria”. La Casa Blanca confirmó el jueves que los controles continúan, pero bajo una nueva directriz que exige la presencia de al menos un agente con cámara corporal en cada equipo de arresto.

Las investigaciones sobre los tres casos permanecen abiertas. La Fiscalía del Condado de Harris y los Texas Rangers indagan la muerte de Salgado Araujo, mientras el FBI solicitó registrar la camioneta en busca de drogas; el abogado de la familia afirmó que las bolsitas halladas contenían una solución electrolítica casera, no metanfetamina. En Maine, la Fiscalía General estatal y la Oficina del Inspector General del DHS investigan el homicidio de Durán Guerrero, y el agente involucrado —un nuevo recluta del ICE— fue suspendido de sus funciones. Las autopsias y los peritajes balísticos no han sido divulgados.