El 23 de junio de 2025, tribunales federales de Fort Worth, Texas, sentenciaron a ocho personas a penas de entre 30 y 100 años de prisión por el asalto al centro de detención migratoria Prairieland del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), perpetrado el 4 de julio. Benjamin Song, exreservista de la Infantería de Marina, recibió 100 años por intento de homicidio contra un oficial de policía; los demás acusados —entre ellos Autumn Hill, Savanna Batten y Daniel Sánchez Estrada— recibieron condenas de 30 a 70 años. Los jueces Reed O’Connor, designado por George W. Bush, y Mark Pittman, nombrado por Donald Trump, aplicaron directrices federales que agravan las penas por vínculos con terrorismo.

Desde la óptica del Departamento de Justicia y la administración Trump, las sentencias consolidan la ofensiva contra grupos militantes de izquierda. La fiscalía vinculó a los acusados con Antifa —designada organización terrorista doméstica por orden ejecutiva de septiembre de 2024— y calificó el ataque de terrorismo premeditado. El fiscal Frank Gatto sostuvo que los acusados “creen que la violencia está justificada”, y el juez O’Connor describió el hecho como “un asalto a la democracia”, subrayando la necesidad de disuadir conductas similares. La fiscal general Pam Bondi y el director del FBI, Kash Patel, han prometido desmantelar sistemáticamente esas redes.

La defensa y organizaciones de derechos civiles denuncian penas desproporcionadas y motivación política. El abogado de Song afirmó que su cliente solo efectuó “fuego de supresión” y que el oficial fue herido por una bala rebotada tras desenfundar “agresivamente” su arma. Los acusados negaron pertenecer a Antifa y sostuvieron que la protesta era una demostración ruidosa con fuegos artificiales en solidaridad con los inmigrantes detenidos. El caso de Sánchez Estrada, condenado a 30 años por trasladar una caja de fanzines antifascistas sin haber estado presente en el lugar, es señalado por analistas en Europa como ejemplo de aplicación expansiva de las leyes antiterroristas. Familiares reunidos tras la audiencia denunciaron que las penas superan a las impuestas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El proceso se inscribe en un clima de creciente tensión en torno a los centros del ICE. En Burien, estado de Washington, un veterano de 80 años fue rodeado y derribado por manifestantes anti-ICE mientras sostenía un cartel a favor de la agencia; en Nueva Jersey, una activista resultó atropellada durante una protesta similar. De acuerdo con informes de prensa internacional, en los meses posteriores se registraron enfrentamientos mortales en Minneapolis, donde agentes del ICE dispararon contra manifestantes, causando víctimas fatales. Observadores desde México y Centroamérica advierten que la criminalización de la disidencia y la militarización de la política migratoria estadounidense agravan la polarización y afectan directamente a las comunidades de origen latinoamericano.

La defensa de Song anunció que apelará la sentencia; una novena acusada, Inés Soto, recibirá su condena en julio. La investigación sobre la agresión al veterano en Washington continúa sin que se haya identificado al sospechoso. El Departamento de Justicia mantiene activa la pesquisa sobre las redes de Antifa, lo que anticipa nuevas acciones judiciales.