El Gobierno de Sudáfrica ha procesado la deportación o repatriación voluntaria de más de 53.000 ciudadanos extranjeros en las últimas cinco semanas, en el marco de una campaña de “gestión migratoria” que acelera las expulsiones de indocumentados. La ministra de Justicia, Mmamoloko Kubayi, precisó que la mayoría de los afectados proceden de Malawi, Zimbabue y Mozambique, y que la cifra duplica los 25.000 casos registrados antes de las protestas antiinmigrantes del 30 de junio. Aquellas movilizaciones, marcadas por episodios de violencia e intimidación, fijaron un plazo extraoficial para que los migrantes abandonaran el país y exigieron controles fronterizos más estrictos, en un contexto de malestar social por el desempleo y la delincuencia.

De forma paralela, en España el proceso de regularización extraordinaria ha recibido 1,2 millones de solicitudes y, según el Ministerio de Seguridad Social, ha aflorado 160.000 nuevos cotizantes hasta finales de junio. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no ha hecho público el número de regularizados que se han inscrito como demandantes de empleo. De acuerdo con informaciones de la prensa española, expertos de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estiman que el incremento del paro entre extranjeros en mayo y junio —que rompe la tendencia estacional a la baja— apunta a unos 20.000 nuevos desempleados vinculados directamente a la regularización. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, calificó ese efecto de “verdaderamente insignificante” y sostuvo que aún es pronto para establecer una relación causal.

Las reacciones institucionales dibujan un mapa de posiciones contrapuestas. Desde la óptica de Naciones Unidas, se ha advertido contra el uso de los migrantes como chivo expiatorio de los problemas socioeconómicos sudafricanos, mientras que el presidente Cyril Ramaphosa condenó los ataques contra migrantes pero reconoció la preocupación ciudadana. En el plano regional, varios gobiernos africanos —entre ellos Ghana, Nigeria, Uganda y Kenia— han fletado vuelos para repatriar a sus nacionales. En el caso español, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido que la mayoría de los regularizados están alimentando la afiliación a la Seguridad Social, pero analistas del mercado laboral consultados por la prensa económica subrayan que la falta de transparencia impide evaluar el coste real del proceso en términos de prestaciones por desempleo.

Ambos episodios reflejan las tensiones que genera la gestión migratoria en contextos económicos distintos. Sudáfrica, como principal economía industrializada del continente, atrae flujos desde países vecinos con menor desarrollo, y la actual ofensiva de deportaciones responde a una presión interna que los activistas antiinmigración amenazan con mantener mediante protestas semanales. En Europa, la regularización española se inscribe en un debate más amplio sobre la necesidad de mano de obra en sectores como la agricultura y los cuidados, pero la omisión de los datos de paro suscita críticas desde Bruselas y desde los socios comunitarios que exigen controles migratorios más rigurosos. El expediente sudafricano continuará con la apertura de un segundo centro de detención temporal, mientras que en España se espera que el Ministerio de Trabajo publique las cifras desagregadas en los próximos balances mensuales, sin que se haya fijado una fecha concreta.