El Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por Marco Rubio, ha convocado para el 15 y 16 de julio en Washington una cumbre internacional sobre el presunto resurgimiento del terrorismo político transnacional de extrema izquierda. La iniciativa, que extiende invitaciones a más de sesenta gobiernos de América, Europa y Asia, ha generado un mapa de reacciones divergentes: según fuentes diplomáticas europeas citadas por The Washington Post, varios países han optado por un perfil bajo o han manifestado reservas, mientras que el Gobierno italiano, tras un primer rechazo, confirmó el envío de un subsecretario del Ministerio del Interior. México y Brasil, invitados de manera especial por su peso regional y por contar con ejecutivos identificados con la izquierda, no han hecho pública hasta el momento ninguna decisión sobre su participación.

Desde la óptica de Washington, la cumbre busca redefinir la agenda de seguridad internacional, desplazando el foco del extremismo islamista hacia redes radicales de izquierda con capacidad de coordinación transnacional. La organización del evento recae en Sebastian Gorka, asesor presidencial con vínculos con círculos ultranacionalistas, lo que ha acentuado el malestar en cancillerías europeas. En Bruselas y otras capitales, según filtraciones recogidas por la prensa estadounidense, se considera que la amenaza de un terrorismo de matriz izquierdista no tiene entidad suficiente en el continente y que la convocatoria evoca un “nuevo macartismo”. El caso italiano ilustra la tensión: la primera ministra Giorgia Meloni revirtió la negativa inicial de la Farnesina y dispuso la presencia del subsecretario leghista Nicola Molteni, un gesto que la oposición ha calificado de subordinación a la narrativa de Donald Trump y que, desde el análisis de medios como La Stampa, se inscribe en la voluntad de mantener engrasado el eje con el ala conservadora republicana.

El contexto doméstico estadounidense ofrece claves para interpretar la ofensiva. El presidente Trump ha intensificado sus advertencias sobre el “comunismo” y ha calificado a los movimientos antifascistas como “organización terrorista interna”, en paralelo a una ola de victorias en primarias demócratas de candidatos vinculados a los Socialistas Democráticos de América (DSA). Figuras como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez o los alcaldes de Nueva York y Seattle, Zohran Mamdani y Katie Wilson, representan un giro progresista que, según analistas de la Universidad de Tufts, la Casa Blanca busca estigmatizar para contrarrestar el desgaste de su propia popularidad —las encuestas agregadas sitúan la aprobación de Trump entre el 37 % y el 40 %— en un clima de malestar por la guerra en Irán y la inflación.

Para América Latina, la cumbre plantea un dilema estratégico. Analistas en Ciudad de México advierten que la insistencia de Washington en catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y en señalar vínculos con la clase política añade una presión adicional a cualquier decisión. Asistir podría interpretarse como un aval a un marco que justifique acciones unilaterales; no hacerlo, como un desplante con consecuencias diplomáticas. La reunión de julio se perfila así como un termómetro de la capacidad de la administración Trump para imponer su redefinición de las amenazas globales y del margen de maniobra de sus interlocutores. Se espera que en los próximos días los gobiernos de México y Brasil definan su postura, mientras en Italia el envío de un representante de segundo nivel no ha acallado el debate sobre la alineación con la agenda de seguridad estadounidense.