Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reúnen este lunes en Bruselas para explorar el respaldo a nuevas medidas que restrinjan el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania. La discusión se basa en un documento confidencial de la Comisión Europea que plantea tres alternativas: un sistema de licencias de importación, aranceles prohibitivos o una prohibición total. Fuentes diplomáticas europeas confirmaron que no se espera una decisión formal en esta sesión, sino un primer sondeo de las posiciones de los Veintisiete, profundamente divididos en su política hacia el conflicto palestino-israelí.

La presión sobre el Ejecutivo comunitario ha crecido en los últimos meses, según explican diplomáticos en Bruselas, debido al aumento de la violencia por parte de colonos israelíes y a la frustración con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha acelerado la expansión de los asentamientos. En mayo, la UE ya impuso sanciones a cuatro entidades y tres personas por abusos sistemáticos de derechos humanos en Cisjordania. A ello se suma la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, que declaró ilegal la ocupación y los asentamientos israelíes e instó a los Estados a evitar relaciones comerciales o de inversión que perpetúen esa situación. Israel rechaza esa calificación: considera el territorio como disputado y defiende una presencia judía milenaria. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, tachó de “vergonzoso” el intento de algunos gobiernos europeos de aplicar el dictamen.

Las divisiones comunitarias se extienden al procedimiento de adopción de cualquier medida. Mientras algunos diplomáticos sostienen que una prohibición comercial requeriría una mayoría cualificada —al menos quince Estados que representen el 65% de la población—, el documento de la Comisión sugiere que sería necesaria la unanimidad, un listón que haría muy improbable la decisión. En paralelo, el Ministerio de Seguridad Nacional de Israel ha concedido una subvención de cuatro millones de shéquels (1,3 millones de dólares) a una organización sin fines de lucro que opera en asentamientos ilegales y que fue sancionada el mes pasado por seis países, entre ellos el Reino Unido, Francia y Canadá, por su vinculación con la violencia contra palestinos. Para analistas en Oriente Medio, esta ayuda oficial evidencia la distancia entre las preocupaciones europeas y las prioridades del actual Ejecutivo israelí.

La reunión del Consejo de Asuntos Exteriores aborda también otros expedientes de alto voltaje. Según la agenda oficial, los cancilleres debatirán la situación en Ucrania, con especial atención a la preparación energética para el próximo invierno y a un posible vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, así como la estrategia de la UE para el mar Negro. En el capítulo de Oriente Medio, se revisarán las relaciones con Irán y los países del Golfo tras el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Está previsto, además, que se aprueben las prioridades de la UE para la Asamblea General de la ONU y se analice la crisis humanitaria en Sudán.

El estado del expediente sobre los asentamientos refleja la complejidad de la política exterior europea, donde las decisiones requieren un difícil equilibrio entre la defensa del derecho internacional y las relaciones bilaterales con Israel. La discusión del lunes permitirá a la Comisión calibrar el apoyo a cada opción, pero fuentes comunitarias advierten de que cualquier avance sustancial dependerá de la evolución sobre el terreno y de la capacidad de los Estados miembros para superar sus diferencias históricas. No hay un calendario fijado para nuevas deliberaciones, aunque se espera que el tema regrese al Consejo en función del resultado de este primer debate.