Un trabajador de guardería en Sídney acumula 329 cargos por presuntamente abusar de 136 niños a lo largo de 16 años, mientras en Zacatecas, México, un adolescente de 13 años enfrenta un proceso por la violación y tentativa de feminicidio de una niña de 10. Las causas, que avanzan en tribunales de tres países, exponen la vulnerabilidad de la infancia frente a agresores que a menudo operan desde posiciones de confianza.

En Australia, la investigación por el caso del empleado de cuidado infantil Hamish Tait se ha extendido a una remota comunidad indígena de Australia del Sur, donde trabajó como voluntario. La policía federal australiana confirmó que busca a un individuo en el extranjero a quien Tait habría enviado material de abuso. Paralelamente, un ex fiscal general del Territorio de la Capital Australiana, Gordon Ramsay, fue enviado a juicio por cargos de grooming y producción de material de abuso infantil; una ex maestra de primaria en Victoria enfrenta un juicio por presuntos abusos cometidos en 1999; y un limpiador de jardín de infantes se declaró culpable de producir más de 3.500 imágenes de abuso con cámaras ocultas e inteligencia artificial. En Queensland, un tribunal administrativo constató que tres adolescentes detenidos en una comisaría de Cairns sufrieron violaciones a sus derechos humanos por condiciones insalubres y falta de privacidad, y ordenó al Estado pedir disculpas.

En América Latina, la fiscalía de Zacatecas informó que el agresor de la niña Areli, al tener 13 años, no puede ser internado en un centro de reclusión juvenil por mandato de la ley nacional, lo que desató protestas ciudadanas para reformar el sistema de justicia para adolescentes. La menor permanece hospitalizada en estado crítico pero estable. En Misiones, Argentina, una niña de 7 años fue raptada y atacada por un adolescente de 17 que ya contaba con una denuncia previa por abuso sexual; la familia exige que la minoría de edad no sea un atenuante. A su vez, dos adolescentes que escaparon de un albergue del DIF en Cancún denunciaron en un video golpes, extorsión y tratos discriminatorios por parte del personal, lo que llevó a la emisión de una Alerta Amber para localizarlas y a una investigación de la fiscalía estatal.

Todos los procesos se encuentran en etapas judiciales o de investigación preliminar. Las autoridades australianas han contactado a 121 familias, mientras que en México y Argentina los fiscales recaban pruebas y las víctimas reciben atención médica. Los casos reavivan el debate, desde distintas latitudes, sobre la capacidad de los sistemas de protección de menores para prevenir abusos y sancionar a los responsables sin revictimizar a los sobrevivientes.