La Duma Estatal de Rusia aprobó el 8 de julio un paquete legislativo que endurece las condiciones de residencia para los trabajadores migrantes y sus familias. Las enmiendas a la ley de extranjería establecen que los extranjeros con permiso de trabajo deberán acreditar ingresos suficientes para mantenerse a sí mismos y a sus dependientes por encima del mínimo de subsistencia regional, so pena de no renovación del permiso y deportación en un plazo de 15 días. Además, los hijos menores de edad solo podrán permanecer en el país mientras dure el permiso parental; al cumplir 18 años, tendrán 30 días para obtener su propio permiso laboral o abandonar Rusia. Se introduce también un pago anticipado del impuesto sobre la renta, que se incrementa en un 50 % por cada familiar a cargo.

Desde el legislativo ruso se justifican las medidas como una respuesta a la demanda ciudadana de orden en la política migratoria. El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, afirmó que la nueva base legal permitirá a los ministerios competentes “aplicar eficazmente la política migratoria en interés del país y de nuestros ciudadanos”. Según fuentes parlamentarias, desde 2024 se han aprobado 30 leyes federales en este ámbito, 21 de ellas por iniciativa de los diputados, en un contexto de creciente sentimiento antiinmigración tras el atentado de marzo de 2024 en la sala de conciertos Crocus City Hall, en el que murieron más de 140 personas. Los proyectos fueron tramitados en segunda y tercera lectura en una sola jornada, lo que indica un procedimiento acelerado.

Las disposiciones introducen mecanismos de control fiscal y administrativo. Los órganos tributarios remitirán automáticamente al Ministerio del Interior los datos de ingresos de los extranjeros cada trimestre. De forma paralela, el Gobierno ha elevado sustancialmente las tasas consulares: el costo de la solicitud de ciudadanía pasa de 4.200 a 50.000 rublos, el permiso de residencia temporal de 1.920 a 15.000 rublos y la autorización de residencia permanente de 6.000 a 30.000 rublos, según informes de la prensa rusa. Estas tarifas, multiplicadas por hasta doce veces en el caso de la naturalización, buscan, desde la óptica oficial, desincentivar la migración irregular y financiar los procedimientos administrativos.

El endurecimiento normativo coincide con una reducción del número de extranjeros en Rusia. Datos del Ministerio del Interior citados por medios independientes indican que, a principios de 2025, la cifra de ciudadanos foráneos cayó un 10 % respecto al año anterior, hasta 5,7 millones, con un descenso del 25 % en el número de menores. Los proyectos de ley, ya aprobados en segunda y tercera lectura, pasan ahora al Consejo de la Federación y, posteriormente, a la firma del presidente Vladímir Putin, trámites que se espera se completen sin dilaciones.