Dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia el 24 de junio, sacudieron el norte de Venezuela y dejaron un saldo provisional de 3.811 personas fallecidas, según el parte oficial difundido el 8 de julio por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El mismo informe eleva a 16.740 los heridos, a 17.907 las personas que perdieron su vivienda y a 190 los edificios que colapsaron por completo, la mayoría en el estado costero de La Guaira. Las autoridades venezolanas precisaron que 6.462 personas fueron rescatadas con vida y que 86.794 familias recibieron asistencia humanitaria.

Los equipos de emergencia, con apoyo de 4.388 rescatistas internacionales y casi 29.000 voluntarios, continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros, aunque las posibilidades de hallar sobrevivientes se reducen al cumplirse dos semanas del desastre. La ONU lanzó un llamamiento urgente para recaudar 296 millones de dólares y atender a 1,3 millones de personas durante seis meses, mientras el gobierno estadounidense suspendió por cuatro meses ciertas sanciones económicas para facilitar las operaciones de socorro. Pese a ello, familias enteras siguen excavando entre los restos de edificios en busca de los cuerpos de sus seres queridos, en un contexto de críticas por la lentitud inicial de la respuesta oficial.

La principal incertidumbre gira en torno al número real de desaparecidos. El gobierno no ha ofrecido una cifra consolidada, pero la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela reporta más de 30.000 personas con las que no se ha logrado contacto desde el día de los sismos. Estimaciones de Naciones Unidas, citadas por medios internacionales, sugieren que la cifra podría acercarse a 50.000. La magnitud de los daños económicos también es objeto de evaluaciones preliminares: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calculó pérdidas directas por 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del PIB venezolano, aunque analistas independientes proyectan que el costo total de la reconstrucción podría ascender hasta los 20.000 millones.

En el plano diplomático, la presidenta interina Delcy Rodríguez solicitó al rey Carlos III del Reino Unido la liberación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra —unas 31 toneladas— para financiar la recuperación, y reclamó ante el Fondo Monetario Internacional el desbloqueo de otros activos congelados. Estas peticiones se producen en un escenario de distensión parcial con Washington, que tras la captura de Nicolás Maduro a principios de año ha flexibilizado algunas restricciones, aunque mantiene la mayoría de las sanciones. El canciller Yván Gil reiteró ante la ONU la necesidad de liberar todos los fondos venezolanos en el exterior para hacer frente a la emergencia.

El balance de víctimas sigue siendo provisional y las autoridades advierten que podría modificarse conforme avancen las tareas de identificación forense. Mientras tanto, casi 17.000 personas permanecen alojadas en 87 campamentos temporales, con servicios básicos tensionados y una creciente demanda de atención psicosocial. La comunidad internacional mantiene el despliegue humanitario, pero la dimensión definitiva de la tragedia tardará semanas en precisarse.